El ingreso del proyecto de la diputada provincial oficialista, la rufinense Fernanda Castellani, para aplicar en Santa Fe un sistema desarrollado por el Conicet para disminuir arsénico y nitratos coincide con la polémica instalada en Venado Tuerto, donde un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) encendió dudas sobre la calidad del agua potable y obligó a la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS) a aclarar que los niveles de la red se encuentran dentro de los parámetros provinciales. En un escenario donde 47 localidades santafesinas aún no tienen agua apta para consumo según el Enress, la iniciativa legislativa retoma el problema desde un enfoque científico y de bajo costo.
Una tecnología accesible
La propuesta de Castellani solicita al Poder Ejecutivo implementar de manera experimental un método basado en carbón vegetal tratado químicamente y sometido a calor, con capacidad comprobada en laboratorio para reducir más del 50% de la concentración de arsénico y nitratos. La legisladora plantea que la provincia debe explorar alternativas que permitan mejorar el acceso a agua segura, especialmente en comunidades rurales o pequeñas localidades donde las obras de acueductos aún no llegan.
“Es una solución concreta y accesible para lugares que hoy no pueden acceder a agua segura”, señaló la diputada, quien además busca involucrar a escuelas rurales y agrotécnicas en la producción del material filtrante.
El trasfondo científico del proyecto surge del reciente relevamiento del ITBA, que volvió a ubicar al sur santafesino como una de las zonas más vulnerables del país por la presencia natural de arsénico en napas subterráneas. La OMS advierte que el consumo prolongado de arsénico inorgánico puede causar enfermedades crónicas y distintos tipos de cáncer.
El caso Venado Tuerto
El proyecto de Castellani coincide con el debate abierto recientemente en Venado Tuerto, donde un informe del ITBA despertó preocupación al mostrar niveles elevados de arsénico en la región. La duda -instalada por el bloque de Ciudad Futura en el Concejo Municipal– giraba en torno a si esos valores se correspondían con el agua potable que distribuye la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS).
Tras una reunión con concejales, las autoridades de la cooperativa aclararon que el estudio del ITBA analiza agua de pozo cruda, no la que ya pasó por el proceso de potabilización. El gerente de la entidad, Emiliano Bonifazi, exhibió informes propios, controles del Enress y estudios encargados a laboratorios privados donde se registran valores dentro de los parámetros provinciales exigidos.
La concejala Florencia Giacometti informó que los análisis de la COS muestran un valor de 0,025 mg/l de arsénico, por debajo del límite permitido por la normativa santafesina (0,05 mg/l). Sin embargo, también advirtió que ese valor duplica y media lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino (0,01 mg/l), una diferencia que genera un debate de fondo: ¿debería Santa Fe adecuar sus criterios al estándar internacional?
Mientras tanto, técnicos del Enress tomaron nuevas muestras en distintos puntos de la ciudad para realizar análisis independientes, cuyos resultados se conocerán en las próximas semanas.
Un problema estructural que trasciende fronteras
La tensión entre los parámetros locales y las recomendaciones internacionales no es nueva. La región endémica de arsénico abarca amplios sectores de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y el sur santafesino. En 2021, Santa Fe tenía 52 localidades en la categoría más crítica del Enress; hoy son 47. La reducción, si bien positiva, todavía deja a miles de habitantes sin acceso pleno a agua segura.
En ese marco, el proyecto de Castellani se ubica como un intento de acelerar soluciones intermedias mientras avanzan -con demoras estructurales- los acueductos troncales que prometen llevar agua de mejor calidad a toda la provincia.
El debate sobre el arsénico en Santa Fe combina evidencia científica, normativas sanitarias, limitaciones estructurales y demandas sociales. La propuesta de Castellani busca sumar una herramienta concreta para las comunidades más postergadas, mientras ciudades como Venado Tuerto exhiben tensiones propias entre tranquilidad institucional y estándares más exigentes que aún están lejos de cumplirse. La discusión recién empieza: el desafío es garantizar un derecho elemental -el acceso a agua segura- en una región donde las napas cuentan otra historia.
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