La ciencia argentina está perdiendo su tejido más sensible. Desde la llegada de Javier Milei al poder, el sistema científico acumula más de 4100 despidos y un presupuesto paralizado que expone el rumbo elegido: desmantelar, apagar y borrar la memoria de un país que alguna vez se animó a desarrollar conocimiento propio. Lo advierte con crudeza un reciente informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti): “Se lleva puesta la producción de conocimiento sin distinción”. Y eso incluye al Conicet, al INTA, al INTI y al Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros.
Con una ejecución presupuestaria de apenas el 15% a mayo de este año, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología —rebajada de ministerio a apéndice burocrático— se volvió una especie de muro de contención que frena cualquier intento de financiar ciencia. Mientras en 2021 la Ley de Financiamiento proponía alcanzar el 1% del PBI en 2032, hoy la cifra real se ubica en 0,17%, muy por debajo incluso del compromiso mínimo para 2025. El dinero, aunque exiguo, no se ejecuta.
Programas emblemáticos como Construir Ciencia, Equipar Ciencia y Raíces fueron desactivados. Lo mismo ocurrió con las convocatorias de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que ya ni siquiera cumple con los compromisos asumidos. La motosierra es más eficaz desarmando que planificando. Y así, en lugar de repatriar cerebros, los empuja a salir corriendo.
El ejemplo más simbólico está en el Conicet, donde 1500 trabajadores ya fueron despedidos. La mayoría, en tareas administrativas esenciales para que las investigaciones avancen. Los ingresos a la Carrera están congelados, los becarios sin horizonte, y el sector privado o el exterior aparecen como únicas salidas posibles. El resultado: la ciencia no solo pierde recursos, sino también talento, entusiasmo y continuidad. Las universidades nacionales, donde se concentra el 75% de la investigación del país, atraviesan un proceso similar: buenas intenciones y cero respaldo.
En el INTA, por ejemplo, esta semana circuló la carta de Sebastián Bonnin, investigador que renunció tras años de servicio. Su mensaje, que combinó dolor y bronca, se volvió viral: “Lloramos pérdidas, nos despedimos de amigos, vimos cómo aquel ‘ramal que para, ramal que cierra’ tiene su versión 4.0. Todo mientras escuchás al Presidente tratarte de vago después de estar sentado 6 horas en un streaming”. Su testimonio no es aislado: es el reflejo de un sistema que se desangra en silencio.
La ofensiva no termina ahí. Mediante el decreto 351/25, el Ejecutivo cambió la estructura del Banco Nacional de Datos Genéticos, clave en la restitución de identidades de hijos e hijas de desaparecidos. El organismo pasó de ser descentralizado a desconcentrado, perdiendo autonomía y con dirección política directa del Gobierno. Una medida que en nombre de la “eficiencia” le abre la puerta al recorte presupuestario y a la posible manipulación de una de las instituciones más prestigiosas del país. Donde antes había ciencia al servicio de los derechos humanos, ahora hay burocracia al servicio del ajuste.
Mientras tanto, los países vecinos hacen exactamente lo contrario. En Uruguay, el gobierno de Yamandú Orsi creó una nueva Secretaría de Ciencia y Generación de Conocimiento para darle más peso al sector y aspira a alcanzar el 1% del PBI. En Brasil, Lula da Silva avanza con desarrollos como la vacuna nacional contra el dengue, mientras en conjunto con Gabriel Boric de Chile, firmaron un acuerdo para desarrollar Latam GPT, un modelo de lenguaje con identidad latinoamericana. Además, ambos países cerraron este año un convenio para cooperar en investigación espacial y tecnología de semiconductores. Proyectos que muestran que cuando se quiere, se puede.
La vacuna Arvac “Cecilia Grierson”, desarrollada en Argentina para combatir el COVID-19, fue una prueba concreta de que los desarrollos nacionales pueden dar respuestas eficaces a problemas locales. Hoy, sin embargo, ese modelo quedó arrumbado. No por falta de talento, sino por decisión política. En este escenario, el éxodo de científicos ya no parece una fuga sino una evacuación. Y la ciencia nacional, una promesa cada vez más lejana.
El informe del Ciicti, que contabiliza 4148 despidos en el sistema científico desde diciembre de 2023, se convierte en una radiografía clara del impacto del ajuste sobre un sector estratégico. Al mismo tiempo, los datos de Presupuesto Abierto confirman la parálisis del gasto en innovación, con solo el 15% de ejecución. Un país que abandona la ciencia, abandona su futuro. Y lo que está en juego ya no es solo el presente de los investigadores, sino las condiciones de desarrollo de las próximas generaciones.
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