La situación en la Unidad Penal N°3 de San Nicolás alcanzó niveles críticos. Con 980 personas privadas de libertad en una cárcel construida para 358, el penal opera al 174% de su capacidad, una cifra que la ubica entre las más colapsadas de la provincia de Buenos Aires, donde el hacinamiento general ya supera el 125%.
En ese contexto, familiares de personas detenidas en el Pabellón 7 se comunicaron para denunciar condiciones de detención que rozan lo inhumano. “Hay alrededor de siete personas por celda, cuando son para dos. En un pabellón que debería alojar a 80, ya hay más de 120 internos”, afirmaron. Y agregaron: “Sé que hubo un hábeas corpus que el juez Gonzales aprobó para frenar ingresos, pero como ahora lo transformaron en pabellón literario, siguen enviando gente desde otros sectores cuando hay problemas”.
La sobrepoblación no es solo una cifra: es hambre, falta de duchas, escaso acceso a atención médica y encierro sin patio. Las cárceles dejan de ser espacios de reinserción para convertirse en centros de castigo sin condena, donde la dignidad humana se diluye tras las rejas.
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cerca del 45% de los internos en la UP3 están presos sin condena firme, en línea con el promedio provincial, que revela que 29.428 personas —casi la mitad de la población carcelaria bonaerense— siguen esperando juicio. La prisión preventiva, que debería ser excepcional, se ha transformado en la norma silenciosa del sistema penal.
El sistema penitenciario bonaerense depende del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. La responsabilidad política y operativa de este colapso recae directamente sobre la administración provincial.
Además del hacinamiento en cárceles, la provincia aloja a 2.825 personas en comisarías, con un cupo total de solo 1.280, lo que configura un desborde del 118%, llegando en algunos registros al 220%. Las dependencias policiales, que deberían ser lugares de paso, se han convertido en cárceles paralelas, sin condiciones ni control.
En la UP3, el perfil sigue siendo marcadamente masculino (98%), aunque también hay 21 mujeres detenidas, superando el cupo previsto (18). Si bien ninguna está embarazada ni convive con hijos, en otras unidades del sistema hay 69 mujeres que cumplen condena criando a sus hijos tras las rejas.
El panorama es grave. El colapso edilicio, el hacinamiento extremo, la falta de programas de reinserción y la demora judicial sistemática configuran un escenario insostenible. Las denuncias de familiares, lejos de ser aisladas, ponen rostro y urgencia a una crisis estructural que la provincia elige postergar.
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