El fallo del juez en lo Contencioso Administrativo de Trenque Lauquen sienta un importante precedente en materia de prevención de delitos y faltas, incluyendo al estado municipal y provincial como responsables solidarios en conjunto con los dos motociclistas involucrados en el episodio que derivó en la muerte de un adolescente en 2018, durante una picada ilegal de motos.
El juez Pablo Cristian Germain resolvió en el marco de una demanda de familiares de la víctima Yamil Herrera Wenceslao y sentenció a todas las partes, incluidos los conductores antes mencionados, Juan Ignacio Guzzo y Emanuel Villarreal a pagar la cifra global de casi 50 millones de pesos.
El adolescente fue atropellado por una de las motos que corrían una picada mientras cruzaba por el acceso Néstor Kirchner - Ruta Nacional Nº 5- a metros del predio del club Estudiantes, donde tenía lugar la "Fiesta Nacional de la Moto".
Uno de los conductores , Juan Ignacio Guzzo - en lo penal fue condenado a la pena de cinco años de prisión de efectivo cumplimiento y diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos- manejaba en forma "palito", es decir, acostado sobre la unidad para generar mayor velocidad.
En sus fundamentos, el magistrado insiste en que las competencias de velocidad ilegales de motos eran eventos habituales en la ciudad . Y también hace hincapié en las fallas del operativo de seguridad desarrollado en el marco del evento de la 'XXIV Fiesta de la Moto Pehuajó 2018'.
"Se probó que tanto la policía de la provincia de Buenos Aires como personal de la municipalidad de Pehuajó diagramaron un operativo de seguridad cuya finalidad era la prevención de delitos y/o faltas en general, operativo que no cumplió su finalidad" remarca Germain en el fallo.
Según detalla, la seguridad en las calles e inmediaciones del predio se encontraba a cargo de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de Pehuajó y las "picadas" se realizaron también en otros lugares de la ciudad de Pehuajó y "eran eventos ilegales y clandestinos que se realizaran en forma habitual en la ciudad".
En ese marco, exime de responsabilidad a la entidad organizadora del encuentro de motos: "Su deber de prevención, en el caso, se cumplió con la oportuna notificación a las autoridades municipales y a la policía a fin que dichas instituciones en el marco de su competencia específica y atendiendo al ejercicio del poder de policía, adoptaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos" aclara.
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