El paciente, un jubilado de 59 años, había sido intervenido quirúrgicamente y se le colocó un drenaje que debía retirarse a las 48 horas.
Sin embargo, durante la extracción el dispositivo se rompió y una parte quedó olvidada en su organismo, lo que obligó a realizar una segunda operación.
Este episodio no solo complicó su recuperación, sino que además le provocó un cuadro de ansiedad y angustia, con impacto emocional y secuelas en su tratamiento posterior.
Ante esta situación, los jueces Ricardo Castro Durán y Gastón Volta resolvieron que la clínica deberá pagar $4 millones en concepto de daño moral, incapacidad psíquica y gastos médicos.
Asimismo, se aplicó un daño punitivo equivalente a cinco canastas básicas totales para el hogar 3 del INDEC, al considerar que la institución incumplió con el deber de seguridad en la prestación del servicio.
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