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Delta del Paraná: se quemaron más de 30 mil hectáreas en lo que va del año

Un informe de la Universidad Nacional de Rosario advierte por el aumento de los incendios en el último trimestre. En octubre ya se registraron nuevos focos frente a San Nicolás

El Delta del Paraná acumula en lo que va de 2025 más de 30.300 hectáreas incendiadas, según un relevamiento del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El informe advierte por la persistencia de focos ígneos en los últimos tres meses y la ausencia de responsables identificados.

El inicio de octubre confirmó la continuidad del problema. El miércoles 1° de octubre, a las 19:30, se registraron incendios en las islas Lechiguanas, frente a San Nicolás, visibles desde el Parque del Acuerdo. Según el monitoreo del Museo Scasso, septiembre fue el mes con mayor cantidad de focos en el año: se detectaron 670 focos de calor, frente a los 627 de agosto. En total, en los primeros nueve meses de 2025 ya se contabilizaron 2.041 focos, superando ampliamente los 1.359 de todo 2024.

El informe de la UNR indica que el primer bimestre del año concentró la mayor superficie afectada con 12.976 hectáreas. Entre marzo y junio los incendios descendieron a 2.618 hectáreas, pero desde julio la tendencia se revirtió: en el cuarto bimestre se quemaron 10.929 hectáreas. Solo en septiembre se detectaron más de 13.100 hectáreas arrasadas por fuego.

A pesar de que la altura del río Paraná y la mayor humedad podrían actuar como freno natural para la propagación de las llamas, los especialistas advierten que el repunte de los incendios se vincula a causas humanas y a la acumulación de vegetación combustible.

El estudio también cuestiona la reducción de recursos destinados al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El fondo fiduciario que lo financiaba fue eliminado y el presupuesto asignado viene en retroceso: en 2024 se ejecutó solo el 22 %, mientras que en 2025 apenas el 30,7 %.

El documento concluye que la magnitud de los incendios exige una gobernanza interjurisdiccional, con coordinación entre provincias y Nación, y presupuestos adecuados para garantizar la protección de los humedales y de las comunidades que dependen de ellos.

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