Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata brindaron detalles de las causas judiciales impulsadas a partir de la cesión por parte de la Municipalidad de un predio que albergó al Centro Clandestino de Detención EX ESIM durante la última dictadura cívico-militar, y donde se prevé el desarrollo de una micro destilería de gin, en la Reserva Paseo Costanero Sur.
En conferencia de prensa, se anunció que la semana pasada presentaron una denuncia penal contra el intendente Guillermo Montenegro; la Secretaría Legal y Técnica; los quince concejales que aprobaron la instalación del bar; la Sociedad de Fomento Faro Norte, y la firma Burbarrel SA, conocida por ser la fabricante del “Gin Artesanal Restinga”, por presuntos delitos de abuso de autoridad. Es que se han tomado decisiones que violan disposiciones legales, según la denuncia, ya que la Ley Orgánica de Municipalidades establece obligaciones que no se cumplieron. Además, existen análisis doctrinarios y consideraciones de las Naciones Unidas que hacen foco en “matrices de corrupción” que pueden darse claramente en este caso.
La ESIM fue parte de la estructura represiva de las Fuerzas de Tareas N° 6 de la Armada, con su comando en la Base Naval, conformando la dirección del Grupo de Tareas 6.2. La totalidad del predio (incluyendo el balneario Honu Beach ex DIBA, el Aquarium y el excamping Luis Piedra Buena) fue operativa y materialmente funcional a la operación del plan de desaparición de personas. A la vez, desde allí se realizaba una constante vigilancia armada en la bajada pública hoy conocida como “Horizonte”.
Ese sector del predio, según se denunció hoy, servía para mostrar la militarización y poder de fuego hacia la sociedad circundante, tal como se desprende de los testimonios de conscriptos, marplatenses y turistas. Por ello, según los organismos de Derechos Humanos, el predio en cuestión “no puede desprenderse de la totalidad de lo que fue la ESIM como centro clandestino de detención. Posee un valor potencial ante la posibilidad de nuevos testimonios que den cuenta en mayor medida de su utilización durante el proceso represivo”.
En la conferencia de prensa de hoy, estuvieron presentes Fernando Martínez Delfino e Irma Piñero de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas; César Sivo, abogado querellante y vicepresidente segundo de la Asociación de Abogadas y Abogados de Derechos Humanos de América Latina y El Caribe; Carlos Cervera, de la Asociación Nacional de ex Presos Políticos; Juan Bourg de HIJOS; Resiste; Hernán Pérez Orsi y José María Musmeci, de las Fundaciones Surfrider y Patagonia, respectivamente, que interpusieron un amparo ambiental. También estuvieron integrantes del Colectivo Faro de la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos de ATE, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y vecinos y vecinas afectados.
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