Venado Tuerto fue escenario de un hecho significativo en la política de seguridad provincial: se concretó el derrumbe del búnker número 100 desactivado en Santa Fe desde la puesta en vigencia de la Ley de Microtráfico. El procedimiento se realizó en un inmueble ubicado en Pavón 568 y contó con la presencia de autoridades provinciales, judiciales y locales.
El procedimiento, que contó con cobertura de personal policial dependiente de la URVIII, tuvo lugar pasadas las 10 de la mañana y reunió al intendente Leonel Chiarella, autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, el fiscal Iván Raposo, el fiscal Franco Carboni -titular de la reciente creada Unidad Fiscal Especial de Microtráfico provincial-, el fiscal regional Matías Merlo y la senadora departamental Leticia Di Gregorio, entre otras autoridades.
Cuarto búnker derribado en Venado Tuerto
Este es el cuarto búnker derribado en Venado Tuerto en el marco de la aplicación de la ley de microtráfico. El inmueble había sido denunciado personalmente por el intendente Chiarella junto a la abuela Pasquinelli y Leticia Di Gregorio, tras detectarse que funcionaba allí una banda dedicada a la venta y distribución de drogas.
“Para nosotros es un mensaje muy fuerte y muy importante de la lucha que venimos llevando adelante contra el narcotráfico, contra la venta de droga”, expresó el intendente Chiarella, quien destacó el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro en esta política de seguridad.
Como resultado de la investigación, actualmente se encuentran detenidas ocho personas vinculadas a la banda, entre ellos David Arreche y Alejandra Tiseyra, identificados como los principales responsables de la organización criminal que operaba en el lugar.
Dos años de la ley de microtráfico
El ministro Cococcioni subrayó la importancia simbólica de este derrumbe, que coincide con el cumplimiento de dos años de vigencia de la ley de microtráfico, sancionada en diciembre de 2023 por iniciativa del gobernador Pullaro y con acompañamiento de la Legislatura provincial.
“Esta herramienta nos ha dado una respuesta frente a una situación que realmente asolaba a muchísimas ciudades, pueblos y territorios de la provincia. Los vecinos, los intendentes, los referentes veían que en un lugar se comercializaban estupefacientes y muchas veces la justicia federal emprendía investigaciones de mediano y largo plazo. La ley de microtráfico nos está permitiendo dar una respuesta inmediata y efectiva”, explicó el funcionario.
El ministro destacó que donde hay venta territorial de estupefacientes se genera “un halo negativo” que incluye uso de armas, circulación de personas con antecedentes, comisión de otros delitos como robos, y fomento de la prostitución. “Cada búnker que tiramos abajo es un poco más de tranquilidad que le queremos devolver a los santafesinos y es un pedazo de nuestro territorio que vuelve a controlar nuestra policía y no está en manos de los delincuentes”, afirmó.
Un inmueble usurpado
Según informó el fiscal Iván Raposo, el inmueble había sido prácticamente abandonado y posteriormente intrusado para ser utilizado como punto de venta de drogas. Los herederos del inmueble -personas que trabajaban en el ferrocarril- fueron consultados sobre la medida y dieron su conformidad para el derribo, dado el estado edilicio en que se encontraba la propiedad.
De acuerdo a informes técnicos aportados por personal de la Municipalidad y del Ministerio de Seguridad, el edificio no estaba en condiciones de habitabilidad por riesgos en el cielo raso y otras deficiencias estructurales.
La decisión judicial de demolición tuvo instancias de apelación por parte de la defensa, pero finalmente la Cámara solicitó ampliar los informes técnicos sobre posibles riesgos, y con esa documentación se ratificó la orden de derribo.
“Voy a poder dormir tranquilo”
El intendente Chiarella compartió el testimonio de un vecino del lugar: “Recién el vecino de acá al lado me decía: ‘Voy a poder dormir tranquilo’. Porque lo que pasaba en Santa Fe, donde la gente tenía que cruzarse de calle para pasar por una vereda porque había una familia que vendía droga y se había apropiado de la circulación, pasaba acá también. Con esto le devolvemos la tranquilidad a los vecinos del barrio”.
El jefe comunal adelantó que ya se han denunciado varios búnkeres más en diferentes puntos de la ciudad y están esperando resolución judicial para continuar con los derribos, aunque por razones de seguridad no pueden revelar las direcciones antes del procedimiento.
Trabajo articulado y resultados
La senadora Leticia Di Gregorio manifestó su satisfacción por los resultados obtenidos: “En diciembre del 2023 aprobamos la ley de microtráfico y gracias al excelente trabajo de la justicia y los fiscales, hoy vemos estos resultados. A mí me llegan permanentemente denuncias anónimas de vecinos y es esto: la paz de un vecindario que se vio afectada totalmente por el ir y venir de gente extraña, con antecedentes. Por eso festejamos este derrumbe número 100 y que sea aquí en Venado Tuerto es un símbolo de la tranquilidad que queremos para la sociedad”.
El fiscal Franco Carboni, titular de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, destacó el trabajo coordinado entre la fiscalía general y las fiscalías regionales: “Tenemos otros tiempos distintos a lo que siempre fue una investigación de narcotráfico. En poco tiempo podemos allanar, imputar a las personas, dejarlos presos y sobre todo realizar la inactivación de los puntos de venta. Cada uno de estos 100 lugares es una audiencia que se litiga fuertemente para convencer al juez de que derribe el lugar”.
Carboni mencionó que estos 100 búnkeres desactivados se distribuyen en distintas localidades de la provincia como Fray Luis Beltrán, Carcarañá, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Rosario y Santa Fe Capital, además de Venado Tuerto.
El ministro Cococcioni aclaró que la provincia trabaja tres fenómenos diferentes en materia de drogas: el consumo (abordado por la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones – Aprecod), el microtráfico (prioridad del gobierno provincial a través de esta ley) y el narcotráfico de gran escala (competencia federal, aunque con colaboración provincial).
“La legislatura de Santa Fe tomó la decisión de adherir a la defederalización del microtráfico, por eso nos hacemos cargo nosotros como provincia desde el ejecutivo, con la fiscalía y nuestras policías investigativas”, concluyó el ministro.
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