El gobierno municipal de Santiago Passaglia avanza en el desmantelamiento del sistema municipal de salud, con el objetivo de remplazarlo con vouchers para atención en consultorios y clínicas privadas.
El primer indicio lo tuvieron los habitantes de Conesa, una localidad rural de tan solo mil habitantes a la vera de la ruta 188, hace apenas tres semanas. La ambulancia que cumple funciones dentro de ese Centro de Atención Primaria, literalmente, desapareció.
La novedad puso a los vecinos en alerta, que se reunieron, se movilizaron, juntaron firmas y presentaron un petitorio en la mesa de entradas del palacio municipal. Hubo un llamado de un funcionario a los vecinos y, tal como fue pactado, la ambulancia fue de vuelta.
Sin embargo, durante la última semana, el desmantelamiento continuó, tanto en Conesa como en las localidades vecinas de General Rojo y Erezcano, con retiro de aparatología, insumos y personal calificado.
La preocupación principal de los vecinos es la ambulancia y la dificultad para acceder al servicio si la retiran. "Si alguien de un pueblo se enferma y tiene que ir a San Nicolás a atenderse, con un acompañante ida y vuelta, son cuatro boletos de colectivo, casi veinte mil pesos, porque acá el transporte es muy caro. ¿Quién puede pagar eso?", se preguntan.
Entre los principales reclamos, en los materiales elaborados y difundidos por los vecinos, figuran la atención 24 horas, con médico y enfermero, la devolución del defibrilador que fue retirado y el regreso de los especialistas (pediatra, ginecólogo, cardiólogo, nutricionista y psicólogo, entre otros).
Por la situación, hubo comunicados reclamando respuesta inmediata tanto del Partido Justicialista como de la CGT local. "Conforme lo determinado por la Secretaría de Salud, se ha dispuesto que los profesionales médicos de ambas delegaciones presten atención en sus consultorios privados, en conjunto con la implementación del sistema de vouchers de salud para aquellas personas que no cuentan con obra social", sostiene el texto.
"Esta medida ha dejado vacantes sin cubrir en los Centros de Salud, motivo por el cual se hace urgente la contratación de personal profesional que garantice la atención primaria en estas localidades. En virtud de lo expuesto, y priorizando el derecho de los vecinos y vecinas a una atención médica digna y continua, es que reiteramos la urgente necesidad de regularizar la situación laboral del personal de enfermería, de dotar de los elementos de trabajo necesarios al personal de servicios, y de reforzar los equipos de salud con profesionales capacitados", concluye.
El tema también llegó al concejo deliberante, impulsado por la oposición. A pedido de los vecinos, el canal de Youtube de Unión por la Patria transmitió la sesión, ya que el canal oficial del Concejo Deliberante dejó de hacerlo por orden del intendente.
No se trata del primer intento de privatización del servicio de salud local por parte de los Passaglia. En 2023, rompieron de manera unilateral e ilegal el convenio que unía a los trabajadores municipales con IOMA. Esa medida perseguía un objetivo político, la instalación del entonces intendente Manuel Passaglia en el escenario provincial, y uno de carácter económico, la privatización.
La expectativa, entre los nicoleños, era que esa población fuera atendida por el Grupo Oroño, que ya gestiona un hospital municipal en el distrito, con un esquema de concesión.
Ismael Passaglia, patriarca del clan y médico de profesión, tenía una relación de muchos años con su colega Roberto Villavicencio, fundador y CEO del Grupo Oroño rosarino, dueño de varias clínicas. Villavicencio falleció ese mismo año y uno de sus hijos lo sucedió al frente del negocio familiar.
Finalmente, tras una licitación de la que se supo muy poco, el intendente anunció la contratación de la prepaga Avalian, nombre comercial bajo el cual opera la ex ACA Salud.
En 2024, concluidas las elecciones y tras una serie de dictámenes adversos, ya que la adhesión a IOMA tenía rango de ley provincial y la desadhesión era apenas una ordenanza municipal, el sucesor de Manuel Passaglia, su hermano Santiago, firmó un nuevo acuerdo con IOMA en presencia del gobernador Axel Kicillof.
El sistema de vouchers, que también es conocido como "subsidio a la demanda", es un invento de la dictadura de Pinochet en Chile, tanto en salud como en educación. Décadas de experiencia demostraron que la salud no puede considerarse un mercado y que esa política genera toda clase de distorsiones.
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