¿Qué quedó del Día de las Infancias? Una investigación presentada por la Universidad Católica Argentina analizó la situación de los menores hasta los 17 años concluyó que el 63% de los chicos y adolescentes en la Argentina, a diciembre de 2023, está en la pobreza, y el 16,2%, en la indigencia. Es el nivel más alto desde 2010 y marca una situación de catástrofe social. Con esa realidad, el pasado domingo 18, el tercer domingo de agosto, como quedó establecido en el país desde 1958, se venía conmemorando en la Argentina una fecha especial. Pero en los últimos años, desde 2020 a esta parte, la propuesta no consiste únicamente en regalar juguetes –una tradición local arraigada en origen– sino reflexionar sobre los derechos de los niñas y niños, y la importancia de garantizar su bienestar, fortalecer los lazos familiares y comunitarios, promover un entorno seguro y saludable para el desarrollo de los más pequeños. El domingo 18 algo cambió de nuevo: el gobierno del presidente Javier Milei se refirió a la fecha conmemorándola con su nombre anterior, “Día del Niño”, y envió “un afectuoso saludo a todos los niños en su día” con “un llamado a respetar y cuidar su infancia”. Su reflexión no transitó por el desolador panorama social: “Los niños son el futuro de nuestra Nación”, dice el texto que acompañó un video institucional, que puntualizó: “Nuestro propósito es que todos los niños crezcan en un ambiente sano y seguro, lejos de quienes promueven la ideología de género, atentando contra su integridad”.
A una distancia kilométrica del “ambiente sano y seguro” que el gobierno nacional enuncia como propósito, el trabajo presentado por la UCA refleja cuál era la realidad hasta ocho meses atrás. Lleva por título: “Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023″, y marca claramente “el camino del deterioro en los niños y adolescentes en las posibilidades de satisfacer las necesidades mínimas, como la comida y el acceso a una vivienda”. Fue realizado en forma conjunta por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, que es parte del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, junto distintas instituciones: el Banco Hipotecario, Infancia en Deuda, la Fundación Alimentaris, la Fundación La Nación y la Sociedad Argentina de Pediatría. Y apuntó que la Argentina transitó el año pasado el nivel más alto, tanto de pobreza como de indigencia, desde 2010 en niños y adolescentes.
El estudio señala que esa situación ha ido en crecimiento constante en el período que va desde 2011 a 2023. Pero a la par aclara que los indicadores no fueron peores “por los distintos programas sociales aplicados, muchos de los cuales se articulaban con organizaciones sociales y comunitarias”, las mismas que en los meses que lleva de gobierno La Libertad Avanza no han recibidido asistencia de la Nación, que les dio la espalda, sino de los Estados provinciales y municipales.
En ese marco, el documento avanza en una evaluación y monitoreo de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Argentina urbana durante los últimos trece años, resaltando que los “enfoques monetarios” de medición de pobreza –basados unívocamente en los ingresos de los hogares– “pueden ser cuestionados como indicador del bienestar, especialmente cuando se trata de la infancia”. Y explica que hay privaciones que afectan a los niños, las niñas y adolescentes “que no son visibles mediante la estructura de ingresos o gastos de los hogares”.
Las conclusiones del trabajo confirman que, de 2011 a 2023, “se observa un aumento constante en la proporción de hogares y personas con dificultades para acceder” a una Canasta Básica, ya sean sus componentes los de la Total o de la Alimentaria. La primera (CBT) establece estadísticamente el umbra de la pobreza. La segunta, la Canasta Básica Alimentaria, de la indigencia, es decir la pobreza extrema, de familias que no tienen ingresos suficientes ni siquiera para comer.
“El esfuerzo de los hogares y la cobertura de las políticas públicas han tenido un papel crucial en la mitigación de la pobreza”, dice el trabajo. “Pero persisten desafíos estructurales en la economía que requieren atención, y que ejercen un fuerte impacto en las estructuras de oportunidades de los hogares y sus miembros niños, niñas y adolescentes”, completa.
En ese marco agrega que el impacto de la pandemia de covid-19 “fue significativo y regresivo en muchas otras dimensiones como salud, educación, crianza, y socialización”, y que si bien fue difícil la reversión en los primeros años de la pospandemia, en 2023 “se retorna más claramente a situaciones previas que, aunque están lejos de expresar situaciones de bienestar y efectivo cumplimiento de derechos, representan mejoras relativas destacadas en algunos casos, aunque en el marco de persistentes desigualdades sociales”.
El documento se centra en un “Índice de Pobreza Multidimensional”. Es un indicador basado en cinco dimensiones del desarrollo de las infancias y adolescencias, “que en el país guardan correspondencia con derechos humanos”. Las dimensiones tomadas son: Alimentación, salud y vivienda; Subsistencia; Crianza y socialización; Educación y acceso a la información. Y sumó una sexta, al considerar también el cumplimiento a las protecciones especiales contra el trabajo infantil.
En ese trazado, el Índice de Pobreza Multidimensional que expuso el Barómetro establece un doble umbral de carencias, uno total y otro severo.
El 56,3% de los niños, niñas y adolescentes del país fue pobre multidimensional en 2023, según el umbral total. Es decir, más de la mitad sufren al menos una privación de las mencionadas.
Por otro lado, el 16,1% padece pobreza multidimensional en niveles severos, proporción tan alarmante como la de indigencia monetaria infantil (16,2%).
“Estos números eran aún más elevados al inicio del periodo analizado (2010). En este sentido, estamos en presencia de mejoras, particularmente en la pobreza multidimensional medida de acuerdo con el umbral severo. Esto es debido a los avances en indicadores del hábitat como el hacinamiento y la calidad de la vivienda y en materia de escolarización”, marca el trabajo.
Casi una década y media después, es probable que esas mejoras, que no fueron estructurales, se estén revirtiendo. Pero en el período que desembocó en 2023, último año de una gestión y marcado por una curva inflacionaria en ascenso imparable, que representa una puja por el ingreso, el cuadro que relevó el trabajo era el siguiente:
Derecho a la alimentación
Según el informe, el 32,2% de los niños niñas y adolescentes en la Argentina urbana actual, siempre a diciembre de 2023, sufre inseguridad alimentaria. Es decir, que “no pueden acceder a alimentos nutritivos y variados”. Para peor eso ocurre “por limitaciones económicas”, sufrieron el emgaate del Indec: “Casi 1 de cada 2 niños/as y adolescentes pobres lo manifiesta”, mide el trabajo, mientras que “entre los no pobres, la incidencia no alcanza al 10%”.
En esa traza, entre 2010 y 2017, la “inseguridad alimentaria” permaneció en alrededor del 20%, de la población. Pero no se quedó ahí: “Ha pegado un salto importante en 2018, para alcanzar el tercio de la población infantil”, dice el trabajo. Es la casi tercera parte de la población menor de 18 del país, y “desde entonces, no ha bajado de esa cifra y tuvo un pico de 37,2% en 2020”, puntualiza el análisis, en referencia al contexto de la pandemia de coronavirus y el Aspo (Aislamiento social preventivo obligatorio).
“Los que sufren inseguridad alimentaria en términos severos, representan el 13,9% en 2023. de la población. Estos declaran haber experimentado “hambre” por problemas económicos. Pero la coordinacion se plantói: “Los programas alimentarios de transferencia de ingresos son esenciales para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y garantizar este derecho tanto a corto como a mediano plazo. En 2023, estos programas alcanzaron una cobertura del 60,5% de la población infantil. Debido a los altos niveles de inflación y al bajo poder adquisitivo de los salarios es necesario mejorar la eficacia, cantidad y calidad de las ayudas directas e indirectas, especialmente en los sectores mas vulnerables de donde la pobreza infantil tiene una mayor prevalencia.
Derecho a la salud
El 55,8% de la población de niños, niñas y adolescentes no cuenta con obra social, mutual ni prepaga, por lo que depende exclusivamente del sistema estatal de salud para recibir atención médica.
De este 55,8%, 90% son del estrato social mas bajo, 65,1% son del conurbano bonaerense y 65,4% son niños/as y adolescentes que pertenecen a hogares monoparentales. Por otro lado, si bien sigue siendo considerable la proporción de niños/as y adolescentes que no realizaron consultas médicas periódicas (17,3%) ni consultas odontológicas (35,9%) entre los 3 y 17 años, estos déficits se redujeron casi un 50% en comparación al año 2020.
Derecho a un hábitat digno
La vivienda debe brindar protección y servicios esenciales que son cruciales para el desarrollo infantil. Tres servicios básicos relevantes conforman el déficit de saneamiento: el tener acceso a agua corriente, contar con red de cloacas y tener inodoro con descarga. el déficit de saneamiento trata de aproximar carencias en estos servicios en concreto. En 2023 un 39,5% lo padece, porcentaje que se mantiene bastante estable desde 2018.
Por otra parte, el déficit en las condiciones de medio ambiente alude a la presencia cercana al hogar de fábricas contaminantes, basurales, quema de basura y/o plagas. Asciende al 49,4% del total de niños/as y adolescentes y en los últimos años se ha incrementado a tal punto que se retrotrajo a valores cercanos de inicio del periodo en 2010.
Por último, deben mencionarse dos indicadores que aproximan otros problemas en el espacio de la vivienda. Las condiciones deficientes de construcción de la vivienda afectan al 18,7% de niños/as y adolescentes y el hacinamiento a un 18,7% y 18,4%, respectivamente.
Derecho a la subsistencia
En 2023, el 62,9% de los niños/as y adolescentes vive en situación de pobreza y el 16,2% vive en situación de indigencia. Esta es la cifra más alta desde el 2010. Desde el 2020, las transferencias de ingresos no contributivas, entre la que se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzaron a mas del 44% de los niños/as y adolescentes.
Derecho en los espacios de los procesos de crianza y socialización
La EDSA ofrece una serie de indicadores relacionados a los estilos de disciplinamiento, opciones de formación y socialización secundaria no escolar para niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años y oportunidades de estimulación emocionales e intelectuales en niños/as entre 0 y 8 años.
En el marco de la postpandemia y de la reapertura de los establecimientos educativos, la violencia de los adultos de referencia hacia los niños/as y adolescentes había disminuido fuertemente. Esta tendencia se acentuó en 2023, con indicadores que incluso llegaron a los valores más bajos de toda la serie 2010-2023. A pesar de ello, aún persisten disparidades sociales regresivas para los niños/as más vulnerables.
En el grupo de niños/as entre 0 y 8 años, se destaca que el déficit de estimulación verbal en esta población asciende al 28%, el déficit de interacción a través del dibujo entre 1 y 8 años al 16,4%, a través de las canciones al 11,5% y mediante el juego al 5,6%. Estos déficits en estas estrategias de estimulación se relevan estructurales y poco permeables a la situación socioeconómica del país.
El 52,4% de la población entre 5 y 17 años no realiza deporte fuera de la escuela. Por otra parte, el 80,8% de este grupo etario no concurre a actividades culturales. Es decir, la mayoría de los niños/as y adolescentes de estas edades están excluidos de estos espacios alternativos al escolar.
Por otro lado, el comportamiento sedentario frente a pantallas, que hace alusión a la exposición excesiva y frecuente a pantallas, afecta a 7 de cada 10 niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años. En 2020 aumentó considerablemente con respecto al anterior y desde entonces se sostuvo en esos niveles.
Derecho a la información
Dentro de los que tienen entre 5 y 17 años, el 17,8% no accede a Internet, el 24,4% no lo usa, el 51,1% no tiene celular y el 54,7% vive en hogares sin computadora. Todos estos déficits han mejorado desde el 2010 hasta hoy. El que menos mejoró a lo largo del periodo fue el déficit en el acceso a una computadora doméstica, probablemente porque este recurso sigue siendo económicamente inaccesible para muchos hogares. En tal sentido, las diferencias por estrato socioeconómico son relevantes.
A inicios del periodo había 3 de cada 4 niños/as y adolescentes que no tenían acceso, en 2023 solo hay uno. La popularización de este recurso fue trasversal al nivel socioeconómico.
Por otro lado, el déficit en lectura de textos impresos y en tener una biblioteca en el hogar alcanzan al 60,1% y al 68,4% de los niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años, respectivamente. Más de la mitad de los niños/as y adolescentes mayores a 5 años no presenta el hábito de lectura en 2023. Estos porcentajes son mayores a los del inicio del periodo en 2010, lo que denota una evolución opuesta a la del grupo de indicadores vinculados a las carencias de recursos tecnológicos.
Derecho a la educación
El 23% de los niños/as de 3 a 5 años se encuentran no escolarizados. la inasistencia a establecimientos de educación inicial es siempre más alta que la no concurrencia a la escuela primaria y secundaria. Sin embargo, desde 2010 se advierte una tendencia positiva en la asistencia a centros educativos en los más pequeños y que tiene la característica de ser común a todos los estratos sociales.
Por otro lado, el 82,6% de los niños/as y adolescentes entre 6 y 17 años asiste a una escuela de gestión estatal. En 2023, no parecen existir diferencias importantes en la cobertura de la educación primaria en comparación a la secundaria. Donde sí se observan divergencias es entre estratos sociales. A medida que desciende el nivel socioeconómico, el desafío de cobertura por parte del Estado es mayor.
El déficit educativo es un indicador compuesto –subraya el trabajo– por aquellos que no asisten a establecimientos educativos, o asisten, pero con sobriedad. En el estrato socioeconómico más bajo, su incidencia se ubica por encima del promedio general y es notablemente elevada en el universo de niños/as y adolescentes en edad de ir a la secundaria (53,9%). En casi todos los años de la serie temporal, se destaca también que es más alta en varones que en mujeres. Y en quienes viven con un solo adulto de referencia con respecto a quienes viven con dos.
En cuanto a las carencias en el dictado de algunas materias para niños/as y adolescentes que pueden concurrir a la escuela y en la extensión de la jornada. A 2023, estima el trabajo, el 59,1% de la población escolarizada en la educación primaria no “e enseñan computación. “Por su parte, al 22,3% no le dictan asignaturas como música, plástica y/o educación física y el 44,9% no cursa una materia ligada al aprendizaje de un idioma extranjero”, subraya el trabajo.
Y destaca que “en los tres indicadores existen grandes diferencias entre educación de gestión privada y estatal”. En ese marco, “si se compara la incidencia de estas privaciones entre aglomerados, el déficit en materias de tipo programáticas se releva muy alto en el conurbano bonaerense, al tiempo que las privaciones en computación e idioma extranjero, se profundizan en resto urbano del Interior”.
Sobre el final,, establece que “muy pocos en edad de cursar primaria (apenas el 9,9%) son los que asisten a doble jornada”.
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