Fiel a su estilo de agotar los tiempos administrativos, el Gobierno de Javier Milei envió este jueves al Congreso el DNU 941/25. La norma busca reformar la Secretaría de Inteligencia y habilitar cambios estructurales en la Ley de Inteligencia nacional.
El envío se produjo en el décimo día hábil posterior a su suscripción (realizada el último día de 2025), cumpliendo por escaso margen con lo estipulado por la ley. De no haberlo hecho, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo podría haber intervenido de oficio.
El cronograma clave que se viene para el decreto no necesita de llamado a sesiones extraordinarias. La comisión de Tramite Legislativo que se encarga de abordar los DNU es de funcionamiento permanente durante el año.
El viernes 16 de enero comenzó a correr el plazo de 10 días hábiles para que la Comisión emita un dictamen. Desde el jueves 29 de enero vence dicho plazo. Pero no esa fecha no impide su tratamiento, en caso de no conseguir despacho y cumplida esta última fecha, a partir de febrero ambas Cámaras quedarán habilitadas para el tratamiento directo en el recinto.
El último antecedente también incluye a la secretaria de Inteligencia, el DNU que intentó aumentar los fondos reservados de la SIDE es uno de los únicos casos desde la vuelta de la democracia en que se rechazó un decreto en el Congreso. El mecanismo de la oposición en esa oportunidad fue dejar vencer los plazos e ir directo al recinto.
La oposición encara el primer año legislativo de un oficialismo consolidado como primera mayoría. Un escenario totalmente opuesto a los primeros dos años del gobierno de La Libertad Avanza.
El tratamiento del DNU puede comenzar por cualquiera de los dos recintos vencidos los plazos del tratamiento para la comisión Bicameral. Unión por la Patria es el principal espacio opositor en ambas cámaras, en Diputados suma 93 bancas puras, a los que hay que sumar el rechazo de los 4 votos que tiene la izquierda. El interbloque Unidos, de los gobernadores de Provincias Unidas, con 22 diputados también manifestó sus diferencias con el decreto.
En total, con todos los opositores “duros” al decreto presentes la proyección da 119 votos. Para tener quórum y asegurar una mayoría para el rechazo, necesitarán contar con un minimo de 10 diputados más. Se pueden sumar los monobloques opositores de Marcela Pagano (Coherencia), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Jorge “Gato” Fernández (Primero San Luis).
El techo podría ser ese para la oposición. Si el PRO, la UCR y los bloques de los gobernadores aliados al oficialismo no tienen filtraciones, el rechazo será un tramite difícil de conseguir.
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