A un año de la sanción de la Ley Bases y mientras negocian un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, la Fundación Pensar publicó un informe en el que cuestionó el rumbo económico e institucional del Gobierno de Javier Milei.
Bajo el título “Justicia para todos”, el documento del think tank que preside María Eugenia Vidal pone el foco en las debilidades estructurales que, según la organización, impiden consolidar un verdadero proceso de desarrollo. En el inicio, reivindica el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad, donde ratificó la condenan a 6 años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Luego, realizaron un balance del primer año de implementación de la Ley Bases y advirtieron por la falta de consensos y el avance fragmentado de las reformas. En ese marco, remarcan que solo cuatro proyectos fueron aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ninguna empresa pública fue privatizada y que el blanqueo laboral alcanzó a apenas el 0,24% de los trabajadores informales. El documento destaca una caída del empleo formal y un aumento de los litigios, signos que interpretan como síntomas de un desarrollo inestable.
En ese sentido, la entidad considera que la gestión de Milei ha sido “deficitaria” en la construcción de consensos, el fortalecimiento de las instituciones o el establecimiento de reglas de juego claras para brindar seguridad jurídica a potenciales inversores y hacer sustentable las reformas estructurales de la economía.
“Sin una justicia eficaz, sin estabilidad institucional, sin señales claras hacia el exterior y sin una educación que prepare a las nuevas generaciones para competir en el mundo, la Argentina corre el riesgo de volver a desperdiciar otra oportunidad”, expresaron.
En relación al rumbo económico, el exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sostuvo que el “desafío” no es solo estabilizar. “Es transformar la estabilización en desarrollo. Y para eso, hace falta mucho más que ajuste fiscal: hacen falta reglas, instituciones y consensos. Hasta ahora, todo eso ha sido deficitario”, expresó el economista en su editorial.
Si bien destacan la reducción inflacionaria que logró el gobierno de Milei y el comienzo de la normalización del mercado cambiario, advirtieron sobre “el incumplimiento de la meta de reservas comprometida hace apenas 70 días, aun en el período de mayor abundancia relativa por liquidación de la cosecha gruesa”.
“Muchas actividades productivas enfrentan problemas de competitividad, especialmente los transables del sector industrial. La paridad cambiaria abarata importaciones, el superávit comercial se reduce a la mitad, el manufacturero profundiza su déficit (importaciones por el ascensor creciendo al 30% interanual y exportaciones por la escalera al 5%), el excedente energético se mantiene, pero deja de crecer y el saldo negativo del flujo de turismo receptivo-emisivo muestra tensiones en la trayectoria cambiaria de mediano plazo”, apuntaron.
Por su parte, Silvia Lospennato, diputada nacional y vicepresidenta de Pensar, apuntó directamente a la inestabilidad institucional como principal amenaza. “Los argentinos nos merecemos un cambio que no sea un péndulo oscilante con reformas que duran unos años y luego son revertidas por giros de 180 grados”, señaló la legisladora porteña electa.
En tanto, Martín Casares, quien se desempeñó como jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de Mauricio Macri, señaló que la justicia “no puede seguir siendo la gran olvidada del desarrollo”. En ese sentido, agregó: “Sin justicia, no hay confianza; y sin confianza, no hay desarrollo posible”.
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