El escándalo de la venta de tierras de El Palomar

Hace 84 años, que se cumplieron justamente el jueves último, el senador Benjamín Villafañe se presentó a la Justicia pidiendo que se investigara la venta de tierras destinadas a la ampliación del Colegio Militar de El Palomar. Ese negociado se convirtió en un verdadero escándalo, de notable repercusión a nivel nacional, siendo de los más graves que caracterizaron a la bien llamada “década infame”, el triste período que vivió el país a partir del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, el 6 de septiembre de 1930; período signado, además, por la sensación generalizada de corruptela, que -en este episodio puntual- estuvo a punto de provocar la destitución del Presidente, quien resultó salvado in extremis por la connivencia de intereses partidarios de los legisladores.

Abunda la literatura sobre el histórico suceso: En 1938 el Ministerio de Guerra dispuso adquirir 222 hectáreas para extender el predio del Colegio Militar de El Palomar y anexar otras dependencias militares. Las propietarias de esas tierras eran las hermanas Pereyra Iraola de Herrera Vegas que las ofrecieron al Ejército Argentino a un peso el metro cuadrado. La Dirección General de Ingenieros tasó esas tierras en 20 centavos la unidad métrica, por "ser terrenos anegadizos y de poca calidad", cancelándose la operación por la exorbitante diferencia de valores.​

Cuando parecía caerse la operación, apareció en escena un intermediario, Néstor Luis Casás, que propuso vender las tierras al Ministerio por un valor de $0,65 en favor de las hermanas, con una diferencia que resultaría su ganancia particular. Aceptada la oferta, María Antonia y María Luisa Pereyra Iraola de Herreras Vegas firmaron una opción de compra-venta por ese precio.

Ese mismo día, por intermedio de un apoderado, Casás ofreció en venta las tierras a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, al precio de $1,10 el metro cuadrado. La Comisión incluyó en el presupuesto para 1938 una partida destinada a la compra de esas tierras a ese valor.
La venta se realizó de un modo curioso: el Banco Nación de La Plata levantó una hipoteca de $723.000 que gravaba el terreno; se firmó una primera escritura de venta por 1.447.906 pesos entre las propietarias y el intermediario; y se protocolizó una segunda escritura de venta por un monto de $2.450.303, entre Casás y el Ministerio de Guerra de la Nación. Sin embargo, el orden de los pagos efectuados transitó un sentido inverso: el Ministerio pagó en títulos al intermediario, quien entregó parte de esos títulos a las propietarias por el valor acordado entre ellos y éstas últimas levantaron la hipoteca.

De la apreciable diferencia de $1.002.397, una parte quedó para Casás, mientras que el resto se repartió entre parlamentarios, funcionarios y personas con nombres supuestos.

La denuncia fue formulada por el senador Benjamín Villafañe en la sesión del 16 de mayo de 1940 y la operación se hizo pública en la revista “Ahora”, a partir de lo cual adquirió una estrepitosa repercusión en todos los ámbitos.

Se formó entonces la Comisión Investigadora de la Compra de Tierras en El Palomar, que dos años después publicó sus conclusiones acusando de mal desempeño de sus funciones a funcionarios del gobierno a la vez que hacía responsables por cohecho a los diputados involucrados, para quienes solicitaba la exclusión del cuerpo, y solicitando el sometimiento del resto de los intervinientes ante la justicia ordinaria.​

El argumento de la defensa se limitaba a considerar que los terrenos resultaban imprescindibles para ampliar el Colegio Militar. Hubo manifestaciones callejeras de apoyo al presidente Roberto M. Ortiz y en "defensa de la democracia", generándose algunos altercados con grupos nacionalistas.

El 22 de agosto de 1940, el editorial del diario La Prensa reclamó la renuncia del gabinete tras el escándalo que ya era el tema de todos. Al sentirse afectado políticamente por los resultados de la investigación senatorial, el presidente de la Nación presentó la renuncia al cargo, aunque cuidándose de no incluir el término “indeclinable”.  En su texto rechazaba las imputaciones: "Nadie, que no sea un malvado, podría insinuar siquiera que yo haya encubierto o facilitado la venalidad en ningún momento de mi ya larga vida política y de funcionario".

La defensa no convenció a la agitada opinión pública, porque si el presidente y su ministro no habían sido partícipes del negociado, al menos lo habían facilitado por negligencia o tolerancia.  

En un rápido y espurio acuerdo destinado a la autosalvación, el Congreso de la Nación, en asamblea legislativa rechazó la renuncia.

En 1945, los involucrados fueron condenados a penas de entre 5 y 6 años de prisión, algunos ya se habían fugado al Uruguay, pero otros terminaron presos.

El diputado antipersonalista Víctor Juan Guillot, uno de los sobornados, se suicidaría poco después, a consecuencia del escándalo, imposibilitado de afrontar el escarnio público ante tanta inmoralidad.

 

*El autor es periodista y conductor de La Ventana de RADIO MAS (FM 106.7-www.maspergamino.com.ar)

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