Todavía no pasó todas las instancias de revisión, pero en la CGT ya hay preocupación: el Gobierno de Javier Milei evalúa incluir en la reforma laboral una cláusula que obligue a los representantes sindicales a pedir autorización antes de convocar asambleas dentro de las empresas. El argumento oficial es evitar que esas reuniones se transformen en protestas disfrazadas, como ocurrió en algunos conflictos recientes.
La iniciativa figura en un borrador que aún no fue aprobado por el Consejo de Mayo, aunque retoma una idea similar a la que ya había estado en el DNU 70/2023, declarado parcialmente inconstitucional tras un amparo de la central obrera. En aquella oportunidad, el artículo cuestionado establecía que las asambleas y congresos debían realizarse sin perjudicar las actividades normales de la empresa ni afectar a terceros.
Desde la CTA Autónoma ya habían advertido en ese entonces que se trataba de “una restricción muy importante al ejercicio de la acción colectiva en los lugares de trabajo”. La medida fue eliminada luego de las negociaciones con la CGT durante el debate de la Ley Bases, pero el oficialismo vuelve a la carga con una versión más dura.
En la Casa Rosada justifican la propuesta recordando el conflicto del sector aeronáutico del año pasado, cuando las asambleas gremiales paralizaron los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, generando caos y demoras para miles de pasajeros. Según el Ejecutivo, el objetivo no es limitar la representación sindical sino garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.
Actualmente, la Ley 23.551 en su artículo 23 inciso e otorga a los gremios el derecho de “realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa”. Desde los sindicatos remarcan que “las asambleas se notifican para que los trabajadores puedan participar, y en la práctica el empleador queda informado”. Para los empresarios, en cambio, algunas organizaciones aprovechan esos espacios como “bloqueos indirectos”, una modalidad que denuncian desde el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB).
El antecedente más cercano de una regulación similar se remonta a 2012, durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. La disposición 40/2012 establecía que los pedidos de asamblea debían presentarse con 72 horas hábiles de anticipación y que su realización no podía entorpecer las tareas ni afectar el funcionamiento de la administración.
La incógnita ahora pasa por saber si el oficialismo podrá imponer este artículo en el Congreso, donde el peronismo y otros bloques ya adelantaron su rechazo. En la CGT, mientras tanto, las alarmas siguen encendidas ante lo que consideran un nuevo intento de recortar la libertad sindical bajo la excusa de “ordenar” el ámbito laboral.
Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.
