De 110 quedarán 24 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país. El Gobierno anunció este lunes el cierre de 81 cierre de ellos, que se suman a los cinco que ya habían bajado la persiana y dejan entrever la ola de despidos que se viene. Si en los CAJ trabajaban 500 personas, entre administrativos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, el abrupto cierre de estas 81 oficinas promete sumar centenares de estatales a los 120 despidos registrados en el área hasta la fecha.
Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada de ATE de la Secretaría de Justicia, alertó: “Estamos en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país por una resolución que tiene como objetivo un proceso de reorganización y vaciamiento de los CAJ, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables”.
Fue antes de conocerse el anuncio de este lunes, donde en las redes oficiales el Ministerio confirmaron que “como resultado de la auditoría interna realizada desde diciembre, se cerrarán 81 CAJ que brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”.
En la era de los trolls, el antecedente del anuncio de este lunes fue primero un expediente conformado a los efectos de cerrar los CAJ en abril, y luego una resolución que los convierte en medios de atención virtual. La asistencia virtual (teléfono y mail) y la “reducción sustancial de empleados” son los dos ejes de la flamante resolución 178/2024, en la que Cúneo Libarona instruye a la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Candelaria Montenegro, a “implementar un sistema eficiente de acceso a la justicia que dé una respuesta a la comunidad, reforzando aquellos canales de atención no presenciales actualmente disponibles en el ámbito de la Dirección Nacional de Promoción y fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.
Lo publicado este lunes 10 en el Boletín Oficial ratifica el espíritu de una resolución en la que “deviene necesario iniciar un plan de ordenamiento y mejoramiento de los citados CAJ, a los fines de mejorar el servicio con personal capacitado, con una estructura eficiente y una comunicación eficaz a los distintos lugares de las provincias y optimizar los recursos Existentes”. No todos, porque el texto habla solo de abogados y psicólogos, y priorizando lo virtual, bajo el argumento de que quienes precisen tramitar pueden “concurrir en forma presencial a oficinas federales (fiscalías y defensorías), provinciales y/o municipales creadas a los mismos fines en el ámbito de su jurisdicción”.
Distribuidos en todo el país, antes de la motosierra los CAJ eran 110 con unos 500 los trabajadores, entre administrativos, trabajadores sociales, abogados y psicólogos. Bajo el mando de coordinadores regionales que responden a una Dirección Nacional hoy sin funcionaria a cargo, es una política pública concreta de relativo bajo costo, dada la depresión de los salarios y los escasos alquileres que demanda, menos del 10% de los locales en funcionamiento. Desde enero de 2020 a octubre 2023 las consultas ciudadanas atendidas por los CAJ superaron las 623 mil y casi 1.400.00 las gestiones que devinieron de esas consultas, con oficinas trabajando a destajo pese a la escasez de personal.
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