Este jueves, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, se presentó a declarar ante el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, en el marco de una causa que investiga el presunto vuelco de líquidos cloacales sin tratamiento al río Paraná. El expediente incluye también a otros funcionarios de su gestión y está a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo.
Además de Salazar, están imputados el secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Brañas; el secretario de Producción, Ariel Álvarez; el director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio, y un exfuncionario que ya había sido citado con anterioridad.
Las indagatorias habían sido ordenadas en diciembre pasado, pero se postergaron por pedido de la defensa. La investigación se inició tras la denuncia de una organización no gubernamental, que alertó sobre vertidos contaminantes en la zona, y derivó en estudios que detectaron altos niveles de contaminación fecal.
Según la acusación, los funcionarios serían coautores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental, por la descarga de efluentes líquidos cloacales sin el debido tratamiento, situación que –de acuerdo a lo expresado por la fiscalía– representa un riesgo para la salud pública.
Tras declarar en San Nicolás, el jefe comunal afirmó que la problemática data de hace más de cuatro décadas y que todos los gobiernos locales realizaron gestiones sin poder concretar la obra necesaria. “Fuimos citados y estamos cumpliendo con eso. Dijimos lo que acontece en realidad. Esto pasa en San Pedro desde principios de los ’80”, expresó.
Salazar también indicó que su administración continúa con gestiones ante las autoridades provinciales y que, actualmente, se encuentra en marcha la elaboración de un proyecto de obra a través de una consultora contratada por la Provincia. “Tiene un plazo de 10 meses y, una vez terminado, la idea es que se incluya en el próximo presupuesto”, aseguró.
La investigación penal es impulsada por la Fiscalía Federal de San Nicolás, con colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA). Entre los elementos evaluados, se menciona que la planta de tratamiento de líquidos cloacales de San Pedro lleva décadas inactiva, lo que habría agravado la situación denunciada.
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