La tensión entre el oficialismo ramallense conducido por el intendente Mauro Poletti y algunos de los sectores locales de oposición sumó un nuevo capítulo en el deliberativo, que el jueves pasado aprobó por mayoría la aceptación para el mantenimiento municipal de un tramo de la Ruta 51, que corresponde naturalmente a la órbita del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Días antes de asumir como concejala del espacio «Hechos», Cecilia Giammaria cuestionó el proyecto y cargó contra los ediles que dieron un voto afirmativo a una ordenanza que “hipoteca el futuro de Ramallo”.
“Es todo muy turbio. Nos preguntamos por qué un municipio aceptaría hacerse cargo de un tramo de una ruta que es provincial. En el oficialismo de Ramallo no explican nada en este sentido”, advirtió Giammaria en referencia a la ordenanza por la cual la Municipalidad de Ramallo acepta hacerse cargo de una extensión de unos 5 kilómetros de la Ruta Provincial 51, un tramo contenido entre la Ruta 1001 y avenida Savio en Ramallo Pueblo, continuidad del Camino de la Costa.
Para Giammaria el proyecto del oficialismo de Poletti resulta “inviable” por el costo que implicarán las responsabilidades asumidas para el municipio Ramallo.
“Ellos dicen que ya se están haciendo cargo del mantenimiento de la ruta provincial, cortando el pasto y cambiando las luminarias. Y argumentan que necesitan formalizar la aceptación de esta cesión para completar la radarización, aunque no se entiende bien a qué se refieren con esto porque no hay un proyecto de radarización integral. Es algo que nunca han presentado. De todas maneras, no tiene nada que ver una supuesta radarización con lo que sería el mantenimiento de una ruta”, indicó la concejala electa que en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre pasado encabezó la lista rosa de Hechos.
Y sumó: “El mantenimiento de la ruta 51 no es sólo cortar el pasto y poner algunas luminarias. Estamos hablando de una infraestructura vial que requiere en primer término una renovación que hace años que no se hace y, a su vez, un posterior mantenimiento periódico”.
La concejala que este miércoles jura en su cargo junto con sus compañeros de bloque Agustín Bellocchio y María del Pilar Cuttiani, estimó que una puesta en valor del tramo ahora municipal de la ruta demandará al municipio una inversión mínima de unos $3500 millones.
“La ruta está en mal estado. Primero habría que hacer una base nueva para avanzar luego con una repavimentación y una posterior demarcación horizontal. ¿Cuánto necesitará cobrar el municipio en concepto de multas a través de la supuesta radarización para que ese costo sea viable?”, observó Giammaria, ligada a través de Hechos al oficialismo nicoleño de Santiago y Manuel Passaglia.
“En Ramallo no se pavimentan los barrios, no se mantiene el hospital municipal, los espacios públicos son un desastre y están abandonados. Y, sin embargo, vamos a hacernos cargo de mantener un tramo de una ruta que es provincial. ¿A quién se le ocurre? Solamente a Mauro Poletti. Parece más un capricho político que una política pública racional. Un municipio que no puede mantener lo propio, menos puede hacerse cargo de una ruta provincial. Estamos en un contexto en que el municipio reconoce sus limitaciones para poder sostener su propio sistema sanitario y sus servicios urbanos básicos”, recordó.
Y añadió: “Es una situación que cuanto menos exigía una serie de explicaciones por parte del Ejecutivo Municipal del intendente Poletti. Esto no es un trámite menor: estamos asumiendo obligaciones que tendremos que atender por décadas. Es una decisión que hipoteca el futuro de Ramallo”.
La polémica ordenanza quedó aprobada por mayoría en la sesión que el deliberativo ramallense celebró el jueves pasado, última ordinaria del año. Los votos afirmativos provinieron no sólo de los concejales alineados directamente con la administración de Poletti, sino que su sanción también fue acompañada por las concejalas de extracción radical Soledad Agotegaray y Araceli Natalucci, ligadas en su momento a la intendencia de Gustavo Perié.
Giammaria cuestionó los votos a favor de la iniciativa. “Hasta que no tener trasparencia sobre los costos reales, las implicancias legales y, sobre todo, los motivos políticos que hay detrás de todo esto, ésta era una ordenanza que no se podía aprobar”, consideró.
En cuanto a eventuales motivaciones de tipo político, se preguntó si se tratará de “un favor político que Poletti hace a un gobernador de su mismo signo político que tiene la provincia fundida”.
“Siempre alegaron que Ramallo no sale adelante porque el hospital Gomendio es municipal, que el costo que le demanda al municipio es imposible y que por lo tanto es inviable. Dicen que por esto mismo el municipio de Ramallo no puede desarrollar obras: siempre es culpa del hospital. Sin embargo, ahora aceptan hacerse cargo de un tramo de una ruta provincial. ¿Qué te da a cambio la Provincia, que es administrada por un gobierno de tu mismo color político? Los vecinos de Ramallo no sabemos nada de todo eso”, expresó Giammaria.
E incluso lanzó una sugerencia al intendente Poletti: “Ya que es amigo del gobernador Kicillof, ¿por qué no le pide la provincialización del hospital Gomendio? Ya que alega que el hospital es un pozo negro que absorbe todos los recursos municipales, su provincialización podría ser una salida racional”.
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