El conflicto se originó en agosto de 2024, cuando la Asamblea Luna Roja denunció que el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTUR) había habilitado a la empresa RIVAN S.A. a construir una dársena de aproximadamente 5.443 m². La obra invade la franja de 20 metros de camino libre establecida por la Ley 6.312/60, que prohíbe edificaciones permanentes en áreas adyacentes a rutas provinciales.
Según reporta El Retrato, para los denunciantes, la intervención no solo constituye una irregularidad administrativa, sino que además pone en riesgo la seguridad vial, ya que el tramo en cuestión presenta curvas y desniveles que requieren un tratamiento técnico especializado. Autorizar una dársena en esas condiciones, sin el visto bueno de Vialidad, podría generar maniobras peligrosas de ingreso y salida de vehículos.
Tras analizar la presentación, Vialidad provincial elaboró un informe técnico conjunto con su Departamento de Conservación, en el que se verificó que no existían antecedentes de autorización ni pedidos de prefactibilidad. Como consecuencia, se notificó oficialmente al municipio recordándole que toda obra sobre rutas provinciales debe contar con planos visados y aprobados por el organismo.
La medida se ampara en la Ley de Autarquía 7.943/72 y la mencionada Ley 6.312/60, que facultan a Vialidad a controlar las obras en zonas adyacentes a rutas provinciales. La intimación fue emitida por la División Técnica del Departamento Zonal X de Mar del Plata, que dejó constancia formal de la irregularidad del permiso municipal.
Pedido comunitario
La Asamblea Luna Roja también pidió que se informe al Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) —a cargo de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto— sobre la falta de cumplimiento normativo. Buscan que se hagan públicas las consecuencias del permiso indebido y se dispongan medidas correctivas inmediatas.
Conflicto de jurisdicción
El episodio expone un conflicto de competencias entre el municipio y la jurisdicción provincial, habitual en proyectos sobre rutas costeras. En este caso, el gobierno local habría autorizado sin coordinación previa con Vialidad, lo que podría generar responsabilidades legales y técnicas para el Estado provincial.
Comuna obligada
La intimación obliga a la comuna a revisar la autorización otorgada, suspender la obra o presentar el proyecto para evaluación técnica. Si el municipio acata, podrá readecuar el emprendimiento a los marcos normativos y evitar sanciones o nulidades. De lo contrario, el caso podría derivar en acciones legales y en la suspensión definitiva del permiso.
Señal institucional
En síntesis, la intervención de Vialidad marca una firme señal institucional para reforzar el control técnico y la legalidad de las obras que afectan rutas provinciales, garantizando la seguridad vial y la preservación del dominio público frente a decisiones locales que exceden su competencia.
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