La Sala A de la Cámara Federal de Rosario dictó un fallo judicial, volviendo a darle la razón a la pergaminense Sabrina Ortiz en su lucha contra los agrotóxicos en nuestra ciudad.
En paralelo a la causa penal que acaba de ser elevada a juicio -con tres empresarios agroindustriales procesados-, Ortiz, presentó un amparo ambiental reclamando a la Municipalidad las obras necesarias para asegurar niveles de calidad de agua potable a toda la población, conforme a los mejores estándares de resguardo respecto a los agrotóxicos y el arsénico.
Estudios realizados en el marco de la causa penal dieron cuenta que el agua de red que consume la comunidad pergaminense presenta residuos de agrotóxicos y altos niveles de arsénico.
La abogada pergaminense demandó al Municipio por ser el responsable del servicio de agua potable y a la Provincia de Buenos Aires por tener el dominio sobre el acuífero que sirve de fuente para el agua que se consume en nuestra ciudad.
Lo interesante del caso es que Sabrina Ortiz también demandó al SENASA, por ser el responsable en autorizar, en todo el país, agrotóxicos que representan un riesgo para la salud, siendo que muchos de ellos han sido cancelados en la Unión Europea o bien están catalogados como agentes genotóxicos, alteradores hormonales y cancerígenos.
Al SENASA se le cuestiona el deficitario proceso de aprobación de los agrotóxicos y su omisión en iniciar una revisión de gran parte de los principios activos autorizados ante la frondosa información científica que ha surgido en los últimos 20 años sobre sus impactos en la salud humana, el ambiente y la biodiversidad,
Asimismo, se demandó al Estado Nacional para que actualice el Código Alimentario Argentino a los fines que el monitoreo que deben realizar las empresas del servicio de agua de potable como la fiscalización que corresponde a las autoridades de contralor (Autoridad del Agua en la Provincia de Buenos Aires) respecto a los agrotóxicos comprenda a los principios activos de uso actual en la agricultura industrial y no a los que fueron prohibidos hace más de 30 años, tal cual sucede en el presente.
Se trata de un planteo integral ante el Estado, en todos sus niveles (Nacional, Provincial y Municipal), en el entendimiento que estamos ante competencias interdependientes que deben ser abordadas en un proceso único respecto a un derecho humano esencial como es el acceso al agua potable y su saneamiento, tal como lo reconociera la Corte Suprema Nacional hace 10 años en el Caso Kersich.
Por ello, Sabrina Ortiz interpuso la acción de amparo ante la Justicia Federal, que en primera instancia fue desechada e desintegrada, beneficiando al SENASA y al Estado Nacional.
La Cámara Federal de Rosario en un fallo muy criterioso, a principios del corriente mes hizo lugar a la apelación y ordenó el tratamiento integral del caso ambiental, por las responsabilidades concurrentes de todos los niveles de Estado (incluyendo al SENASA), y muy principalmente por estar impactado un bien interjurisdiccional como el Acuífero Puelche.
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