La Justicia obliga al Ministerio de Capital Humano a incorporar comedores de la UTEP al reparto de alimentos

La palabra de Juan Grabois

En este contexto, Juan Grabois, referente de la UTEP, también celebró el fallo, aunque lo calificó de insuficiente ante la magnitud de los problemas que enfrentan los sectores populares. "Un año para cumplir con esto. Hasta que la amenazaron con desobediencia y multa, Pettovello incumplió sus deberes de funcionaria. Ya que nada es gratis, esto no le va a salir gratis", publicó en su cuenta de X. Y añadió: "Una pequeña victoria, una gota de justicia en un mar de crueldad, pero dijo una mujer santa: 'A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota' (Madre Teresa de Calcuta)".

El sábado pasado, Grabois también había reflexionado sobre la demora en la respuesta judicial, destacando la relevancia del fallo: "La justicia tarda pero llega. Se van cayendo las caretas. Va a quedar demostrado quien decía la verdad y quién mentía. Lo más importante: se irá regularizando el flujo de alimentos a los comedores infantiles. Este leading case abre la puerta de otras presentaciones. Sin plata y sin miedo, le ganamos al Goliat de los billonarios".

Detalles de la causa

La causa, iniciada a principios de octubre, abarcaba 77 espacios comunitarios de "El Amanecer de los Cartoneros". A pesar de que el Gobierno argumentó que los convenios de estos espacios estaban vencidos, la Justicia resolvió a favor de la UTEP y el CELS, determinando que 66 de estos comedores recibieran la mercadería. En cuanto a los 11 comedores restantes, las autoridades informaron que no pudieron ser incluidos aún, ya que no estaban operando como comedores al momento de la inspección.

Las organizaciones demandaron además sanciones contra la ministra Pettovello por el "incumplimiento de la medida cautelar y la sentencia de fondo", acusándola de "fraude procesal" y de manejar los alimentos de los comedores con "temeridad y malicia".

En octubre, el juez Walter Lara Correa había ordenado la continuidad de varios programas sociales vinculados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, aunque dejó al ministerio la facultad de reestructurar o auditar estos programas, siempre garantizando el derecho a la alimentación de los beneficiarios.