Puede parecer el guión de cualquier película argentina que vuelve a exponer por enésima vez al poder político activando sus elásticos de protección para quien lo necesite sin importar, como mínimo, valores éticos. Pero lamentablemente no es así porque la historia es real y sucede en Pergamino.
Acevedo no solo es el pueblo más antiguo del Partido de Pergamino y el más poblado sino que hace varios meses que es noticia por la inseguridad.
Hechos graves que se repiten, con robos en banda perpetrados con suma violencia, generaron semanas atrás una manifestación en el Palacio Municipal donde el intendente, quien no recibe a ninguna víctima de la inseguridad, se vio obligado a atender a los vecinos y vecinas y a los pocos días hasta tuvo que viajar a reunirse en el propio pueblo.
No deja de ser llamativa la falta de respuestas efectivas del Gobierno Municipal a una localidad que probablemente sea la única en el país que tenga dos representantes en el mismo Concejo Deliberante, como su presidente Gabriela Taruselli y Fabián Albuerne.
Una de los momentos más dramáticos que padeció el pueblo fue a mediados de diciembre cuando el delegado municipal, David Bocanera protagonizó un escándalo.
Había sido imputado de los delitos de Atentado contra la Autoridad Agravado por poner manos en la Autoridad, Lesiones Leves y Resistencia a la Autoridad.
Las victimas resultaron victimas la oficial subayudante Ivonne Salinero, encargada del Destacamento de Acevedo y el mayor Ariel Arbeleche, del Puesto de Vigilancia de Guerrico.
De acuerdo al Acta de Procedimiento de la Policía, Bocanera impidió un acto funcional, al intentar evitar la aprehensión de un hombre de 30 años.
El representante del Gobierno Municipal, sin mediar palabra y por cuenta propia, retiró al aprehendido del móvil policial y ambos empezaron a insultar, amenazar y golpear a Salinero y Arbeleche.
La mujer sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo, con hematomas, mientras que su compañero, quedó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos “San José”.
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Una semana después y sin que el Municipio realizará ninguna comunicación oficial, Javier Martínez licenció a Bocanera por 30 días y designó de manera provisoria a Luciano Santesmases, oriundo de El Socorro, pero afectado a la Subsecretaría de Asuntos Rurales del Municipio, a cargo de Aníbal Figueiras.
Siempre sin anuncios formales y con absoluto hermetismo, el intendente terminó designando al abogado Julio Rafael Cassani, quien cumple la función de delegado municipal en la actualidad.
Por otro lado, en ese marco, Ivonne Salinero fue destituida del Destacamento de Acevedo y trasladada a la Comisaria Segunda, más precisamente al servicio de calle y Ariel Arbeleche quedó realizando tareas no operativas en Guerrico.
NOTA RELACIONADA: http://www.primeraplana.com.ar/licenciaron-al-delegado-municipal-de-acevedo/
El pueblo cambió de delegado, pero la causa judicial siguió su curso con la caratula Atentado contra la Autoridad Agravado por poner manos en la Autoridad, Lesiones Leves y Resistencia a la Autoridad, en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) Nº 7, a cargo de Fernando D’Elio.
Se reunieron las pruebas suficientes para que el fiscal disponga la citación a audiencia a tenor del Artículo 308 del Código Procedimiento Penal de Bocanera y del vecino que también resultó imputado, conocida como declaración del imputado. Es decir, el acto administrativo que le da formalidad al auto de procesamiento.
A mediados de junio ambos imputados fueron citados a prestar declaración indagatoria, pero Bocanera no se presentó.
Por esa razón, de manera inmediata el fiscal fijó nueva fecha de audiencia y volvió a citar al exdelegado de Acevedo, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública.
Lo que ocurrió a partir de aquí pone de manifiesto todo lo que se contrapone a la noción más elemental de moral pública en momentos donde se requiere de ejemplos de quienes representan a los pergaminenses y ejercen la autoridad.
A los pocos días de la citación a indagatoria de la Fiscalía, las victimas Ivonne Salinero y Ariel Arbeleche, con el patrocinio de un abogado penalista, se presentan en la causa con intenciones de generar un acuerdo, propiciando una solución pacífica y definitiva del conflicto generado el 15 de diciembre pasado, a la altura del kilómetro 43 de la Ruta Nacional Nº 188.
Por supuesto que ambos policías están en todo su derecho de manifestar lo que supongan conveniente, con el patrocinio del profesional del Derecho que consideren y en el momento que lo resuelvan. Lo que resulta, al menos, una falta de ética es que el abogado de los policías víctimas, que decidieron no avanzar con la causa y beneficiar a los imputados, sea el actual concejal del bloque de Juntos por el Cambio, además de integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana e inclusive exsecretario de Seguridad de la Municipalidad, Karim Jorge Dib.
Uno de los ediles que responde directamente al intendente municipal, porque además es actual presidente del Club Douglas Haig y también asumirá la secretaria de Gobierno en caso de que Martínez sea re-reelecto el próximo domingo, se presentó en la Justicia asistiendo técnicamente a los policías para evitar el procesamiento de un exdelegado.
El agravante es que la conducta de Dib no es nueva. En febrero de 2019, estuvo a punto de ser interpelado en el Concejo Deliberante, en una sesión extraordinaria, porque ocupando el cargo de secretario de Seguridad, para que “informe y exponga explicaciones acerca de las incompatibilidades morales y éticas entre su desempeño como funcionario público, a cargo de velar por la seguridad de todos los pergaminenses y su ejercicio como defensor penal”, señalaba el proyecto de comunicación.
Dib había asumido la defensa técnica particular en favor de tres imputados por el delito de Portación Ilegal de Armas de Guerra en un hecho que tuvo lugar el 24 de enero de 2019, en la Plaza Merced, el cual generó una fuerte repercusión y cuya causa penal trámitó en la U.F.I y J. N° 5 del Departamento Judicial Pergamino.
En ese procedimiento policial, resultaron imputados 3 personas -el padre y dos hijos-, de las cuáles una de ellas era menor de edad y efectuó disparos en la vía pública. El cuestionamiento de los concejales radicó en que Karim Jorge Dib “se colocó en las dos veredas, en ‘ambos lados del mostrador’, alejado completamente de la lógica y el sentido común” y consideraron “que existía incompatibilidad de índole moral y un accionar reprochable”.
El proyecto de comunicación expresaba que la condición que “el secretario de Seguridad ejerza la defensa penal de aquellos que atentan contra la seguridad pública, resume de una gravedad institucional y responsabilidad política ante la comunidad de Pergamino en su conjunto”. Y para los ediles, el accionar de Dib se encontraba “absolutamente reñido con la ética y el decoro que debe imperar en el ejercicio de la función pública que desempeña”.
También el Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical (UCR) salió a pedir la renuncia de Dib. Lo hizo a través de un comunicado en el que manifestó que “no puede permanecer en el cargo”.
La UCR fue más allá de los concejales y expresó que “el ejercicio de la profesión requiere de límites cuando se ejercen ciertas funciones públicas y en este caso, deberá el intendente municipal sanear las conductas que resultan incompatibles moralmente con la de custodiar la seguridad de las habitantes que lo han elegido para dirigir los destinos de los pergaminenses”.
Karim Jorge Dib jamás fue interpelado porque la mayoría automática del oficialismo rechazó la propuesta y tampoco renunció sino que por el contrario, fue reconocido por el intendente Martínez e integró la lista de concejales resultando electo.
¿Resulta ética la conducta de un concejal patrocinando policías para salvar a un dirigente político de su mismo espacio de un procesamiento? Una incógnita más de un Gobierno Municipal que predica “guardarse hasta que pase la tormenta”. En definitiva, lo que termina por incomodar al martinismo no es lo que pasa, sino que se sepa lo que pasa.
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