Por sobre el impulso de un Juicio político contra Javier Milei que presentó un sector de la oposición en el Congreso, el Presidente deberá afrontar un frondoso frente judicial en el país y en el exterior, promovido por los miles de estafados que intentarán recuperar legalmente sus tenencias.
Entre las versiones que circularon desde que estalló el escándalo el viernes último, algunas opiniones se mostraron condescendientes con la posición oficial, negando que el posteo que disparó la estafa podría tener consecuencias legales, pero también muchos más que le atribuyen responsabilidad penal como partícipe necesario de la maniobra escandalosa.
La otra duda que se planteó en las redes, además, giraba en torno a quién debería asumir, eventualmente, el peso de una resolución judicial reparatoria que pueda resolver la Justicia: ¿es el propio presidente con su capital personal, o será el Estado argentino, por la investidura presidencial involucrada en la maniobra?. Hay un dato: no se trató de un re-posteo, como el que habitualmente acostumbra compartir el presidente desde su cuenta personal, sino la redacción de un mensaje que consignaba, además, la dirección en la que podía hacerse la inyección de dinero.
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