En un fallo del que existen pocos antecedentes, en una audiencia celebrada esta mañana en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, los dos responsables de una financiera que operaba de manera informal en la ciudad, deberán realizarán una reparación económica que consiste en la compra de equipamiento para las salas de atención de salud municipal. Se acordó la suspensión del proceso, condicionada al cumplimiento de parte de los acusados, que comenzaron a ser investigados luego de sufrir un espectacular robo en 2024.
La fiscal federal Daniela Ghiorzi contó en diálogo con VerTV que en paralelo al trabajo de la Justicia provincial -que trabajó desde el Ministerio Público de la Acusación sobre el robo ocurrido en una vivienda de Cabral y Rivadavia– desde la Justicia Federal se inició una investigación, dado que el hecho dejó expuesto que allí funcionaba una financiera en forma irregular.
“Desarrollamos una investigación proactiva porque había dos personas que en un domicilio compraban y vendían dólares, y hacían entrega de préstamos sin la autorización del Banco Central”, expuso.
Todo ese trabajo derivó en la audiencia celebrada esta mañana, donde se homologó “un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, acordando con la defensa y los propios imputados que realizarán una reparación económica del daño causado por este delito de carácter patrimonial, por un total de 30 millones de pesos, es decir 15 millones cada uno de los imputados”.
Desde la Fiscalía Federal se propuso que ese dinero se destine a equipar los centros de salud de la Municipalidad de Venado Tuerto, por lo tanto “ahora estas personas tienen un mes para comprar una serie de insumos que fueron informados como necesarios por la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad”.
En concreto, deberán adquirir un equipo para realizar electrocardiogramas, cinco desfibriladores y algunas balanzas pediátricas, entre otros elementos, que cubren la suma de dinero acordada como “reparación al daño que le causaron al sistema económico y financiero”, amplió Ghiorzi.
Los hechos
El robo a la financiera ocurrió el pasado 27 de junio de 2024 alrededor de las 10.30 de la mañana. En ese momento, Emanuel Alarcón y Matías Caprifolio (provenientes de Rosario) ingresaron en la casa de dos plantas en Cabral y Rivadavia, que era utilizada como sede de una financiera no registrada. Una vez en el interior, golpearon a las víctimas y las amenazaron con un arma de fuego, dejándolas encerradas luego de apoderarse de una importante suma de dólares y pesos en efectivo.
Se dieron a la fuga unos metros a pie, donde los esperaba Carla Alarcón y un tercer hombre de iniciales JVA, que se encuentra en prisión a espera del juicio, en un Nissan de color azul. A partir del seguimiento con las cámaras de seguridad, se pudo establecer que salieron de la ciudad por ruta 33 y pudieron ser interceptados por la policía a la altura de Villada.
Emanuel Alarcón y Caprifolio acordaron penas de de cinco años y ocho meses y cinco años, respectivamente, en un juicio abreviado en enero de 2025. Previamente la mujer involucrada había recibido una condena de tres años de prisión condicional.
Pero el robo dejó expuesta la actividad que se desarrollaba en esta financiera, motivo por el cual la Justicia Federal allanó de oficio el domicilio en agosto de 2024, pocos días después del robo. En aquel momento la investigación estuvo a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo.
En el allanamiento llevado a cabo por Gendarmería, se ratificó que la financiera no contaba con ningún tipo de habilitación para funcionar, secuestando gran cantidad de documentación, libretas de pagarés, celulares, computadoras, dinero en moneda nacional y extranjera, cinco máquinas de contar billetes, un arma y un detector de billetes falsos.
Pena acordada
La investigación federal siguió su curso y finalmente los acusados reconocieron su culpabilidad y acordaron esta salida alternativa. “No es la primera vez que un delito patrimonial se resuelve de esta manera, pero en general los daños no son tan grandes ni las reparaciones tienen esta magnitud”, reconoció la fiscal Ghiorzi.
Además destacó que desde que rige el sistema acusatorio en la jurisdicción Federal de Rosario, de la que depende nuestra ciudad, “es el primer hecho en el que se alcanza una suma de consideración como esta y que está destinado al bienestar de la población afectada”.
En este caso se suspende por dos años el proceso, plazo en el que los acusados deberán cumplir reglas de conducta, como constituir domicilio y avisar cualquier cambio, y abstenerse de realizar las conductas por las cuales fueron condenados, además de cumplir la reparación del daño.
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