La Cámara Federal porteña ordenó reabrir y profundizar la investigación para determinar si hubo delito en las negociaciones por la compra de la vacuna Pfizer en la pandemia de COVID-19, durante el Gobierno de Alberto Fernández. Lo hizo al revocar un fallo del juez federal Ariel Lijo que a fin de año había desestimado las denuncias.
La sala I del Tribunal de Apelaciones hizo lugar a la apelación del fiscal del caso, Carlos Stornelli, porque “aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer”.
Según la resolución, los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia revocaron una decisión del 30 de diciembre pasado en la cual se archivó la denuncia por “inexistencia de delito”. La investigación deberá seguir para analizar cómo ocurrieron los hechos “sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios”.
“En particular se advierte que la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación“, afirmaron los camaristas.
La ausencia de avance en este sentido “impide efectuar un análisis respecto a los supuestos ilícitos que abarcan el objeto procesal”, advirtieron y la ausencia probatoria “imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer, situación que se incluye en la hipótesis criminal” denunciada.
Se trata de dos denuncias presentadas en 2021. Una, por parte de los entonces diputados nacionales opositores Omar de Marchi, Waldo Wolff, Álvaro de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Jorge Enríquez y Federico Zamarbide, para que se investiguen los motivos por los cuales la República Argentina no habría logrado contar en debido tiempo con las vacunas contra el COVID-19.
En la presentación cuestionaron los motivos por los cuales no se habría firmado un acuerdo con el laboratorio Pfizer para la provisión de las vacunas, mientras que el Gobierno habría dispensado un trato preferente a otros laboratorios que fueron privilegiados con su contratación.
Otra denuncia similar fue iniciada por los familiares de cuatro personas que fallecieron por COVID-19.
El Tribunal de Apelaciones evaluó que es necesario profundizar la investigación ” para arribar a la verdad de los eventos”. Por todo ello se consideró “prematuro” el archivo de la denuncia y se lo revocó.
La demora de la Argentina para comprar vacunas contra el COVID-19 provocó un gran debate durante la pandemia. El contraste con otros países de la región que accedieron antes a las dosis de Pfizer provocó un fuerte debate interno y el Gobierno de Alberto Fernández no pudo explicar por qué priorizó el plan de inmunización ruso con Sputnik en detrimento de otros laboratorios reconocidos internacionalmente.
Hubo sospechas de pedidos de coimas y una gran discusión política hasta que en septiembre de 2021 llegaron 20 millones de dosis de la farmacéutica norteamericana.
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