Sólo el ascenso de Federico Susbielles en Bahía Blanca debería alcanzar para que la administración de Javier Milei y su ministro desregulador de la economía preferido, Federico Sturzenegger, presten atención a las enormes plataformas y canteras de dirigentes políticos del Frente de Todos que antes de encaramarse a una intendencia de alguna localidad importante, dirigen el puerto de su localidad como si se tratara del patio trasero de su casa.
Así como Susbielles dio el gran golpe, venciendo en el pasado turno electoral de octubre de 2023, al PRO conducido por Héctor Gay en una ciudad tradicionalmente refractaria al peronismo, Sergio Massa, trabaja activamente para sustentar la gestión de Jimena López al frente del consorcio portuario de Quequén en la ciudad de Necochea.
El puerto que conduce López se ubica sobre el río Quequén Grande y limita con las ciudades de Necochea y Quequén.
Allí funciona una de las terminales portuarias cerealeras más importantes del país.
La massista manejará una caja enorme mientras prepara su candidatura a intendente de Necochea para el 2027.
Para sellar este acuerdo entre Kicillof y Massa y posibilitar el trabajo sin inconvenientes de López se dejó en el camino al histórico dirigente Jorge “el Pampa” Álvaro que se fue dejando cientos de reproches a sus compañeros políticos.
Más cambios
El 2024 dejó otros cambios en la conducción de puertos tremendamente importantes como el de “La Feliz”.
En Mar del Plata se hizo cargo un dirigente de La Cámpora Marcos Gutiérrez en reemplazo de Gabriel Felizia, y representa uno de los activos más preciosos para Máximo Kirchner y su leal escudera, Fernanda Raverta.
Sin embargo, el foco de atención durante los próximos días estará puesto en la zona portuaria de Bahía Blanca porque la ciudad está pujando por la inversión más importante que recibirá la Argentina en los próximos años.
Las empresas YPF y Petronas planean plantar U$D 40.000 millones para exportar gas natural licuado (GNL) y tienen dos propuestas para alcanzar el océano Atlántico. El puerto bahiense y el de Punta Colorado en la provincia de Río Negro.
Uno de los puntos que más está prestando atención la conducción libertaria en YPF y los ejecutivos de la compañía malaya Petronas es el rubro: seguridad jurídica.
Hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, ese ítem, seguridad jurídica, no era una de las virtudes que la Argentina solía ofrecer a sus inversores como cuando publicita sus cuatro climas.
En el fondo, seguridad jurídica significa la garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, su empresa, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último sucediera, le serían asegurados por la sociedad.
Estatización de YPF
En el sector energético no faltan eventos de inseguridad jurídica como la estatización de YPF por la cual fue condenado el Estado nacional en un tribunal de Nueva York porque la desconfianza hacia el país es tan grande que los empresarios internacionales imponen como condición que los conflictos se diriman en cortes del exterior. Una verdadera vergenza para la soberanía de la Nación Argentina.
Pero, es lo que hay y la estafa que representan las conducciones políticas de los puertos bonaerenses no hacen más que enrarecer la elección de YPF y Petronas que deberán decidir, más pronto que tarde, donde emplazar su proyecto productivo.
Del puerto de Río Negro y su composición poco se sabe a pesar de los esfuerzos por publicitarlo del gobernador Alberto Edgardo Weretilneck, otro que se tomó su trabajo en serio y va por su tercer mandato sin importarle las críticas por ese punto. Sin dudas imagina que si lleva semejante inversión a su provincia podrá aspirar a batir el récord de Gildo Insfrán en Formosa, reelecto siete veces.
En Bahía Blanca corren con ventaja por la tradición de su actividad portuaria, pero da hándicap en la competencia contra Punta Colorado por la inseguridad jurídica que prevalece en una estación portuaria donde el intendente, los sindicatos y algunos empresarios, típicos exponentes del “capitalismo de amigos” hacen y deshacen a discreción.
El vínculo puerto-política, intacto en la provincia de Buenos Aires, llevó a Federico Susbielles a la intendencia tras tres intentos fallidos, a pesar de haber sido cuestionado y denunciado por la contaminación del estuario bahiense.
El juez en lo Contencioso Administrativo Agustín López Coppola, ordenó en el año 2022, un plan de remediación y condenó a las empresas del Polo Petroquímico, al Municipio y al Consorcio a abonar $20 millones en concepto de “daño moral colectivo”.
Además, la abogada Florencia Arrieto supo denunciar en redes sociales y medios de comunicación, la persecución de dirigentes gremiales del SUPA a los ejecutivos de la empresa pyme Energen conducida por Marcelo Álvarez que se había alzado con una licitación para operar, inesperada para la “casta” portuaria de Bahía Blanca, en tiempos del gobierno de María Eugenia Vidal.
Arrieto explicaba que durante la gestión de Susbielles, “Para trabajar en el Puerto de Bahía Blanca hay que pagarle un peaje al SUPA y el que no lo hace, no trabaja. En el caso de la empresa Energen, que es una pyme de combustible, que ganó la concesión de la posta inflamable, fue uno de ellos. Durante cuatro meses fue sistemáticamente extorsionada y bloqueada, hasta que pidió ayuda al Movimiento Empresarial Antibloqueo”, entidad que denunció penalmente la situación. Allí se hablaba de la influencia de Rubén “Turco” Elías, empresario, titular de la Unión Industrial local y dueño de medios bahienses, asociado según varios conocedores del mundo sindical a la familia Moyano.
Todos antecedentes que son difíciles de explicar y justificar a una junta de accionistas de empresas gigantescas como YPF o Petronas. Mientras tanto, el peronismo bonaerense cuida a los puertos como lo que son, las verdaderas joyas de la corona para su futuro político.
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