Rechazo al pedido del municipio de fumigar a 100 metros del centro poblado: “Reinstala un escenario de daño sistemático y letalidad”

En 2019, la justicia federal estableció perímetros de resguardo de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas luego de la denuncia presentada por Sabrina Ortiz, vecina y víctima directa de las fumigaciones, marcando un precedente histórico en el corazón de la zona núcleo del agronegocio.

Días atrás, alegando que luego de seis años de dispuestas las medidas no se han producido informes técnicos concluyentes que acrediten la persistencia de un riesgo ambiental o para la salud pública que justifique su mantenimiento, el Municipio de Pergamino, con el acompañamiento de la Sociedad Rural local, Aapresid y Coninagro, entre otras entidades del agronegocio, realizó el pedido ante el Tribunal Federal Oral N° 2 de Rosario para retrotraer las zonas de exclusión.

“El Municipio de Pergamino, cuya complicidad fue demostrada en la causa judicial, pretende ahora reducir las distancias de resguardo a 100 metros, amparándose en las llamadas ‘Buenas Prácticas Agrícolas’ y en un sello de ‘Municipio Verde’ otorgado por actores enmascarados del mismo agronegocio”, explica el comunicado.

 

"Parafernalia argumental"

El abogado y referente de Naturaleza de Derechos que participó en la causa judicial por las distancias de fumigación en Pergamino, Fernando Cabaleiro, expresó que “se trata de una parafernalia argumental que elude abordar las conclusiones contundentes de la Perito Virginia Aparicio del INTA-Balcarce que luego de tres estudios sobre las aguas subterráneas y con la vigencia de las cautelares de prohibición de fumigar con agrotóxicos a menos de 1095 metros del centro poblado de Pergamino, corroboró una reducción ostensible de principios activos hallados en los valores cuantificados en el agua de consumo de la población, lo que daría cuenta de la eficacia e importancia de los términos de la medida cautelar”.

“La distancia de 1095 metros –continuó– fue establecida considerando los estudios y la testimonial de conocimiento de la Dra. Delia Aiassa que aportó información y sus propias investigaciones sobre la genotoxicidad de los agrotóxicos, quién a su vez, también se encargó de los estudios sobre los integrantes de la familia de Sabrina, comprobando que todos presentaban daño genético. La medida también se sustentó en las testimoniales e informes médicos de Medardo Ávila y María del Carmen Sevesso, las opiniones calificadas de los investigadores Damián Marino y Rafael Lajmanovich y un dictamen del Agroecólogo Javier Souza Casadinho”.

Por último, adelantó que “en los próximos días junto a Sabrina Ortiz elaboraremos la respuesta, solicitando al Tribunal Federal Oral N° 2 de Rosario el rechazo in limine de la solicitud del Municipio de Pergamino”.