Tras varias semanas de negociaciones internas, el gobierno de Javier Milei terminó de ajustar el texto definitivo de la reforma laboral que enviará al Congreso. La propuesta apunta a una modernización integral de normas vigentes, con modificaciones que alcanzan vacaciones, indemnizaciones, despidos, bancos de horas, salarios, certificados médicos, regímenes especiales y procedimientos sindicales. El proyecto surgió del Consejo de Mayo, donde confluyeron funcionarios, legisladores, mandatarios provinciales, empresarios y representantes gremiales, muchos de los cuales rechazaron abiertamente buena parte del contenido impulsado por el oficialismo.
En el capítulo dedicado a vacaciones, la iniciativa ratifica el derecho a licencias pagas y permite que empleadores y trabajadores acuerden ampliar los días de descanso siempre que se respeten los mínimos legales. El período para otorgarlas se mantiene entre el 1º de octubre y el 30 de abril, con obligación de notificar por escrito con treinta días de anticipación. El fraccionamiento incorpora una novedad: cada tramo no podrá ser menor a siete días y la organización deberá garantizar al menos una licencia veraniega cada tres años. Solo se autoriza otorgarlas fuera del período habitual bajo justificativos validados por la Autoridad de Aplicación.
El proyecto habilita además un banco de horas, que podrá acordarse de manera voluntaria y formalizada por escrito entre empleador y trabajador. Allí se deberán registrar las horas trabajadas y las disponibles para descanso. Los convenios colectivos podrán definir promedios para calcular la jornada máxima, respetando descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales. La intención es permitir compensaciones entre días largos y días más breves dentro de los límites semanales previstos.
Sobre indemnizaciones y despidos, el Gobierno propone reemplazar el esquema tradicional por fondos o seguros sectoriales financiados con aportes patronales mensuales. Para el cálculo indemnizatorio se considerarán salario básico, sumas habituales y antigüedad, exceptuando montos extraordinarios o gratificaciones no regulares. El salario normal y habitual será el devengado al menos seis meses en el último año, con una base que no podrá superar tres veces el promedio salarial del convenio y un piso equivalente al 67 por ciento de ese promedio. En caso de fallecimiento del trabajador, se establece el modo de distribución entre los beneficiarios. También queda habilitado el pago en cuotas bajo límites específicos sobre intereses.
Para despidos sin causa, la compensación será un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, tomando como referencia la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año o del período trabajado si fuera menor. El proyecto también distingue desvinculaciones justificadas y regula servicios mínimos en ámbitos críticos: un 75 por ciento en sectores esenciales y un 50 por ciento en áreas estratégicas como salud, energía, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital.
El texto contempla que, si la Justicia declara inválido un despido, el trabajador podrá optar entre reincorporarse o recibir la indemnización correspondiente. Si elige volver, la empresa deberá regularizar la relación laboral y pagar los salarios de todo el período no trabajado.
En el apartado de remuneraciones, la reforma incorpora reglas para composiciones salariales con sumas fijas, variables y beneficios sociales. Los recibos de sueldo, planillas de asistencia y documentación laboral deberán digitalizarse con la misma validez que el papel. También se incorpora la digitalización de certificados médicos para las ausencias por enfermedad. Los recibos deberán detallar contribuciones e importes abonados, y la autoridad podrá requerir más información para reforzar la transparencia de los pagos.
En el capítulo de enfermedad y ausencias, la validez de los certificados médicos digitales permitirá verificaciones por parte de empresas y seguridad social en un sistema centralizado. La reincorporación exigirá alta médica definitiva y, si el retorno es parcial, la remuneración será proporcional. El empleador tendrá que notificar ausencias prolongadas antes de avanzar con sanciones y la asignación de tareas distintas quedará supeditada al alta definitiva.
Para trabajo en casas particulares, el período de prueba se amplía a seis meses, los recibos serán electrónicos y la constancia bancaria será prueba suficiente de pago. Se regulan descansos, provisión de ropa de trabajo, alimentación y seguros. El régimen agrario crea un contrato permanente con período de prueba de ocho meses, durante el cual cualquiera de las partes podrá terminar la relación sin causa y sin indemnización, avisando con quince días. La negociación colectiva fijará salarios que nunca serán inferiores al mínimo vital y móvil, y la remuneración por rendimiento tendrá un piso que deberá respetarse incluso si factores externos impiden alcanzarlo.
El proyecto crea además Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados con un aporte patronal del 3 por ciento de la remuneración computable para respaldar despidos en el sector privado. Estos fondos no generan obligaciones directas hacia los trabajadores y se regula su uso y liquidación.
Para los repartidores y mensajerías, se crea un Régimen de Servicios Personales que obliga a registrarse en ARCA, realizar aportes y contar con cobertura social. Deberán informar una cuenta bancaria y respetar normas de tránsito. El sistema reconoce derechos como rechazar pedidos, conocer motivos de bloqueos o suspensiones y recibir el cien por ciento de las propinas de la plataforma.
El articulado incorpora también reglas sobre transferencias, subcontratación y responsabilidades, limitando la responsabilidad solidaria del empleador cuando se verifique adecuadamente la identidad y obligaciones de la otra parte. En materia judicial, se establecen consecuencias por “pluspetición inexcusable”, con sanciones si se presentan reclamos desmedidos, y se fijan pasos para remitir antecedentes de empleo no registrado.
En cuanto a prácticas sindicales, se regulan nuevas infracciones y se habilita la acción judicial ante prácticas desleales. Las asambleas dentro de establecimientos deberán solicitarse con autorización previa indicando día y horario, sin remuneración del tiempo utilizado. Se reduce a diez horas mensuales el crédito horario sindical y se establecen reglas para la tramitación de personerías. Bloqueos y tomas de establecimientos serán considerados infracciones muy graves.
El proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, que dejarán de extenderse automáticamente una vez vencidos. Solo se mantendrán las condiciones laborales hasta que se firme una nueva convención o un acuerdo de prórroga. La autoridad podrá suspender cláusulas ultraactivas si generan distorsiones económicas y se priorizarán convenios de menor ámbito frente a los de alcance mayor.
Por último, se incorpora el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que estará vigente un año para promover empleo registrado mediante reducciones de contribuciones patronales para nuevas contrataciones bajo requisitos específicos.
El oficialismo informó que el proyecto ya fue enviado al Congreso y que ingresó por el Senado, donde las comisiones ya están definidas. La primera intención del oficialismo era reunirse incluso esta semana para avanzar con la conformación, y todavía se discute quién presidirá la comisión de Trabajo. La de Presupuesto seguirá bajo control de Atauche, mientras que para Trabajo suena Patricia Bullrich, aunque tampoco se descarta a Carmen Álvarez Rivero, muy cercana a ella. Todo eso se negocia día a día y el próximo martes habrá reunión de labor parlamentaria para ordenar la integración, el número de senadores y el cronograma de debate.
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