En un dictamen conjunto firmado por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, el fiscal federal Matías Felipe Di Lello; el auxiliar fiscal Ignacio Rueda de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO); la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli; y la de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), María del Carmen Chena, el Ministerio Público Fiscal solicitó la venta anticipada de doce vehículos de origen ilícito, algunos de alta gama, vinculados a los seis imputados acusados de integrar una sofisticada banda que cometía secuestros extorsivos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y en el sur de la provincia de Santa Fe.
Al requerir la medida cautelar ante el Juzgado Federal de San Nicolás, a cargo del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, los funcionarios detallaron que el objetivo es “la adopción de medidas eficaces de custodia y conservación de los bienes cautelados durante el proceso, con el fin de mitigar los riesgos inherentes a la depreciación del valor y deterioro de los activos en el tiempo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 525 del Código Procesal Penal de la Nación, 205 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y la Ley 20.785 que dispone la custodia y disposición de bienes objeto de secuestro en causas penales.
En ese sentido, también solicitan que “se deberá otorgar inmediata intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que realice la constatación del estado de los bienes y lleve adelante las medidas indispensables para concretar su venta anticipada, depositándose su producido en un plazo fijo UVA renovable, puesto que es la única colocación financiera de renta fija en moneda nacional que a la fecha acompaña la depreciación monetaria”.
Se trata de los bienes secuestrados y vinculados a los seis presuntos miembros de una organización criminal acusada de conformar una asociación ilícita a la que se le atribuyen tres secuestros extorsivos con empresarios o familiares como víctimas, cometidos entre 2021 y 2023 en la ciudad santafesina de Rosario y la bonaerense de Villa Ramallo.
En el marco de la causa judicial que investigó los hechos, la semana pasada el fiscal federal Di Lello y el titular de la UFECO, el fiscal federal Santiago Marquevich, pidieron elevarla a juicio oral. El fiscal federal de Rosario, Javier Arzubi Calvo, también formó parte del equipo del MPF que instruyó la causa, que culminó a fines del 2023 con los allanamientos y las detenciones de los presuntos integrantes de la banda.
Los imputados —todos con prisión preventiva—, son el comerciante Claudio Daniel Coto (62), el mecánico Néstor Adrián Santabaya (60), el animador de eventos Emiliano Mario Andrés Acuña (37), el cerrajero y ajedrecista Sebastián Ezequiel Pugliese (46), su pareja Silvia Beatriz López (43) y el remisero y propietario de una parrilla Nicolás Adrián Santabaya (31), hijo además del segundo de los acusados mencionados.
Al reseñar la cronología de los requerimientos, los funcionarios del MPF señalaron que el 20 de diciembre de 2023 se presentó un pedido de medidas cautelares de carácter patrimonial sobre los imputados, así como respecto de terceros vinculados a ellas que podrían ser personas interpuestas con el único fin de ocultar el origen ilícito de los bienes de los que dispone la organización.
Las medidas cautelares se solicitaron sobre bienes de los imputados, Néstor Santabaya, Pugliese y López, y sobre tres mujeres que no están imputadas y fueron identificadas como Verónica V. V., Mayra Daniela C. y María Cristina K.
El 21 de diciembre de 2023, el Juzgado Federal de San Nicolás hizo lugar a las medidas y el 28 de ese mes, la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás y UFECO solicitaron el embargo de bienes de otra mujer identificada como Claribel G. P., así como el secuestro de los automotores oportunamente embargados, lo que tuvo acogida favorable por parte del juzgado el 29 de diciembre de ese año.
A su vez, el 22 de abril pasado, el MPF presentó otra solicitud de medidas cautelares de carácter patrimonial sobre las personas imputadas y respecto de terceros vinculados a ellas. En esa presentación se solicitó el embargo de una serie de bienes para hacer frente a las reparaciones y restituciones económicas en favor de las víctimas.
Los automotores detallados para avanzar con la venta anticipada
La siguiente es la nómina de los doce vehículos sobre los que la fiscalía pidió su venta anticipada:
En el dictamen, los fiscales tomaron como representativo el caso de una de las personas, María Cristina K., titular de varios de los vehículos de alta gama ya que, según los registros obtenidos en la investigación, tiene 68 años, es jubilada al menos desde 2020 y no tiene actividad impositiva activa.
Además, según indica la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor, al 7 de diciembre de 2023 la mujer figuraba como titular de 11 rodados. En total -descontando los que se encuentran con denuncia de venta y en estado robado- la valuación de sus vehículos a diciembre de año pasado, ascendía a 115.813.700 pesos.
A nombre de otro, utilizado como propio
En el dictamen suscripto por los representantes del MPF, se enfatizó que “en la medida que el cambio de titularidad se produce en forma concomitante a los hechos delictivos por los que resultan investigados los imputados, con la posibilidad de encontrarse conectados por relaciones familiares y porque los activos han sido efectivamente utilizados como propios por los imputados, podemos inferir que estamos ante la utilización de personas interpuestas con el único fin de ocultar al verdadero propietario de los bienes”.
Según estima el dictamen, “con el objetivo de evitar la depreciación y el deterioro de los automotores por el transcurso del tiempo, resulta indispensable utilizar el mecanismo de conservación del valor del bien que establece la ley, es decir la venta anticipada, recurriendo para ello a la infraestructura con la que cuenta la AABE, para que se concreten las subastas de manera rápida y eficiente”.
En este caso, al no haberse resuelto en forma definitiva la situación de los bienes, deberá depositarse el dinero obtenido de la venta en un plazo UVA renovable a la orden del juzgado en el Banco de la Nación Argentina o en la cuenta que se designe a tales efectos, conforme lo establecido por los artículos 2 y 3 último párrafo de la Ley 20.785.
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