El Gobierno nacional se enfrenta a la cuenta regresiva del 8 de julio, cuando caducan las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. Mientras prepara una fría vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, en los pasillos de la Casa Rosada ya se trabaja contrarreloj para publicar una batería de decretos que quedaron en carpeta y que el Ejecutivo quiere sacar antes de perder esa herramienta clave.
Aunque en el oficialismo aseguran que no van a buscar renovar las facultades delegadas, la decisión no implica quedarse quietos. Todo lo contrario. Dos áreas trabajan sin pausa para cerrar los textos finales: los despachos que dependen del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la Secretaría de Legal y Técnica, que comanda María Ibarzábal Murphy.
Entre las medidas que apuran figura la reducción de la estructura estatal, una promesa reiterada por el Ejecutivo. Allí se destacan dos reformas puntuales. La primera apunta al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), que depende del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El plan contempla ajuste presupuestario, reducción de personal y cierre de sedes. Desde el Gobierno descartaron que haya una fusión con el INTI, algo que sí estuvo sobre la mesa.
Lo que si podría suceder con el Instituto es un desmantelamiento y que deje de ser un organismo descentralizado. Tal como reveló Data Clave, la idea era conservar solo un esqueleto central (y achicado mediante despidos de agentes que no sean planta permanente) bajo la órbita de una secretaría del Ministerio de Economía. Eso implicaría la pérdida del presupuesto propio y el traspaso de los centros regionales a las provincias, que deberán decidir si los sostienen o los cierran.
La segunda gran reforma es la fusión del ENRE y Enargas, organismos reguladores de la electricidad y el gas respectivamente. Esta integración estaba incluida en el artículo 161 de la Ley Bases, pero aún no fue implementada y se espera que se concrete por decreto en estos días.
Con la caída de los superpoderes, también se redefine el rol de Sturzenegger, a quien ya se menciona como posible candidato en las elecciones legislativas de octubre. Pero su caso no es el único: varios ministros podrían tomar el mismo rumbo, en una etapa de reconfiguración política para el oficialismo.
Frente a este escenario, la estrategia del Gobierno cambia. La semana pasada volvió a escena el Consejo de Mayo, espacio creado para buscar consensos con otros sectores políticos y sociales. El objetivo es lograr avances en proyectos clave como la reforma laboral. El documento final con propuestas para el Congreso estaría recién en diciembre, cuando el Ejecutivo apuesta a un reacomodamiento parlamentario que le permita impulsar su programa de reformas con mayor respaldo.
Hoy por hoy, La Libertad Avanza no tiene los dos tercios necesarios en ninguna de las dos cámaras. Esto le impide, por ejemplo, ratificar vetos presidenciales, como el que aplicó a la nueva fórmula jubilatoria que está en debate en el Senado y que amenaza con desatar nuevas tensiones sociales.
En ese punto, los gobernadores también son pieza clave. Aunque Javier Milei los criticó durante una cena de recaudación del partido oficialista, en el Ejecutivo intentan bajar la tensión. Cerca del Presidente reconocen que los reclamos por coparticipación son “razonables” y aseguran que ya preparan una “contraoferta” para evitar que se agrave el conflicto.
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