El titular del Juzgado Federal de Pehuajó, Andrés Heim, hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Estado nacional a que tome las medidas necesarias para la continuidad de la política pública consistente en la integración socio urbana de los “barrios populares” registrados en RENABAP. Lo emplazó a que en un plazo de 3 meses, y en forma conjunta con los estados locales en su rol de “unidades ejecutoras”, presente un plan de acción.
La decisión se dictó en el marco de un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una vecina de un barrio Renabap de esa localidad y Lorenzo De Vedia, cura de Opción por los Pobres.
Ellos reclaman que se destinen más fondos al Fideicomiso para la Integración Socio Urbana (FISU), que se destina a obras de infraestructura de los barrios inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares. El Ejecutivo redujo el porcentaje de la recaudación del impuesto PAIS que se destina a este fideicomiso.
En términos técnicos, pidieron que se declare la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 193/24 por ser incompatible con las disposiciones de las leyes n° 27.453 y 27.541, toda vez que modificó los porcentajes de asignación de fondos recaudados por el denominado como impuesto PAIS, conforme previsiones del artículo 42 de la última de las leyes mencionadas. Denunciaron que, de esa manera, se eliminó la principal fuente de financiamiento del fideicomiso para la integración sociourbana (FISU).
También, el magistrado exhortó al Congreso para que, “haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, arbitre los medios necesarios para contemplar y/o establecer mecanismos de financiamiento para la continuidad de la referida política pública”.
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