Una nueva resolución judicial encendió el alerta en el PAMI. El juez federal Pablo Oscar Quirós, del Juzgado Federal N°2 de Mendoza, ordenó suspender en todo el país las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024, dictadas por la gestión del director Esteban Leguízamo, que habían modificado las condiciones para acceder al 100% de cobertura en medicamentos. La decisión extiende lo que ya regía en algunas provincias y deberá cumplirse de inmediato, aunque la obra social de los jubilados ya presentó su apelación.
El fallo responde a una acción colectiva impulsada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que reclamó que se reponga el programa “Vivir Mejor”, lanzado en 2020, y que garantizaba el acceso total a remedios esenciales sin los nuevos límites socioeconómicos. “La resolución implica que se restituya la cobertura integral como antes de las medidas de 2024”, explicó Mabel Sessa, abogada patrocinante de la APDH.
Hasta el momento, distintas medidas cautelares ya se habían aplicado en Mendoza, Tucumán, Salta, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el juez Quirós decidió que la suspensión sea nacional, argumentando que el sistema actual impone “una carga irrazonable y desproporcionada” a los afiliados, en especial a los que se encuentran bajo tratamiento médico constante. Además, señaló que la información solicitada a los beneficiarios es de fácil acceso para el Estado, por lo que los trámites exigidos contradicen los principios de eficiencia burocrática y razonabilidad administrativa.
El magistrado le dio al PAMI un plazo de 10 días para justificar las resoluciones suspendidas. En su resolución, Quirós subrayó que las nuevas reglas violan el deber estatal de eliminar barreras de acceso a derechos de sectores vulnerables, como los jubilados y pensionados, que en total superan los 5 millones de afiliados en todo el país.
Las normas en cuestión disponen que solo quienes cumplan ciertos requisitos socioeconómicos pueden acceder al 100% de cobertura. Entre ellos, tener ingresos menores a 1,5 haberes mínimos (o 3 en caso de discapacidad), no contar con prepaga, no poseer más de un inmueble ni vehículos nuevos, ni demostrar capacidad económica plena a través de activos societarios. Si bien se permiten excepciones cuando el costo de los medicamentos representa más del 15% del ingreso mensual, la cobertura general quedó restringida.
El sistema actual garantiza el 100% solo para patologías graves o crónicas, como diabetes, VIH, cáncer, trasplantes, hemofilia o insuficiencia renal, mientras que para otras enfermedades se otorgan descuentos de entre 40% y 80%, dependiendo de la patología.
Las nuevas condiciones habían generado múltiples demandas colectivas. De hecho, en diciembre de 2024, la Cámara Federal de Mendoza ratificó la primera cautelar contra las resoluciones, y por su incumplimiento se impusieron astreintes (multas) tanto personales como institucionales, que en algunos casos llegan a los $300.000 diarios. Además, hay presentaciones penales por presunta desobediencia judicial.
En su defensa, el PAMI sostuvo que cumplió con lo dispuesto en la primera cautelar y que su interpretación era regresar a lo fijado por una disposición de 2017, pero el juez Quirós consideró que el organismo “no acreditó la restitución efectiva del vademécum completo” del programa “Vivir Mejor”. Ante esa falta, los tribunales confirmaron las sanciones y reiteraron la obligación de volver al esquema anterior.
La APDH, con presencia en 35 regionales del país, celebró la decisión judicial como “un paso fundamental para frenar el retroceso en materia de derechos”. La entidad subrayó que la cautelar beneficia a todos los jubilados y pensionados del país, no solo a los afiliados de las provincias donde se habían presentado los primeros amparos.
Todas las causas sobre este tema se concentran en Mendoza, luego de que la Corte Suprema dispusiera que los reclamos colectivos sean tratados allí. Además de la APDH, impulsan presentaciones entidades como la Red de Defensa al Consumidor, la CTA Autónoma, la Federación Entrerriana de Sindicatos Municipales y distintas asociaciones de jubilados de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y Salta.
Por ahora, la medida no está firme y su aplicación depende de lo que resuelva la Cámara Federal de Mendoza tras la apelación del PAMI. Hasta entonces, el organismo deberá garantizar la cobertura total de medicamentos en las condiciones previas a las resoluciones de 2024.
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