Marcela Alejandra Maddonni, de 39 años, efectivo de la Policía Bonaerense, vecina de la localidad de Hurlingham y su pareja, Hugo Marcelo Polimeni -56 años, registrado en la AFIP como carnicero, empleado de la Municipalidad de Morón- fueron detenidos esta semana, acusados de estafar a cuatro vecinos de Hurlingham y Castelar con la supuesta venta de propiedades del complejo habitacional de El Palomar.
La denuncia en su contra fue realizada por el secretario de Gobierno de Morón, Diego Spina, quien informó que los acusados prometían la entrega de propiedades del complejo PROCREAR de El Palomar a cambio de dinero y sin participar de los sorteos del plan habitacional. De acuerdo al relato de cuatro víctimas, se les exigió alrededor de 500 mil pesos para obtener los títulos de propiedad, que nunca fueron entregados.
Así, la causa fue investigada por la UFI N°5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, con la participación del área de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. La Comisaría 1° de Morón allanó la casa de la pareja en Villa Tesei, donde les secuestraron tres teléfonos celulares, cheques, dinero en efecto, extractos bancarios y folletos del PROCREAR de El Palomar.
Según la denuncia inicial, Polimeni le habría quitado dinero a una víctima en cuotas mensuales, también le habría pedido dinero para asistir a una escribanía, para así evitar el sorteo del inmueble.
Poco después, las otras tres víctimas se sumaron a la causa, con relatos similares.
Así, se constataron las identidades de los acusados: Polimeni trabajaba como vigilador para el municipio, su esposa Maddonni ostentaba rango de oficial de la Bonaerense. Tras el allanamiento, el área de Asuntos Internos la desafectó de su puesto.
Por otra parte, la Policía Federal Argentina volvió a allanar este miércoles la sede de la municipalidad de San Martín por pedido de la jueza federal Alicia Vence, quien investiga un episodio similar al caso en el que está involucrado Julio “Chocolate” Rigau en la ciudad de La Plata, indicaron fuentes de la causa a Infobae.
Fuentes del caso detallaron que agentes de la División Antifraude de la PFA se presentaron en la sede de gobierno municipal en busca de legajos de empleados. Los efectivos fueron recibidos por Ramón Fernando Vidal, subsecretario de Control Legal y Técnico de la comuna.
También detallaron que incautaron 450 registros y recibos de sueldos, aunque no pudieron dar con algunos que fueron solicitados por la funcionaria judicial, debido a que se encontraban en otro edificio.
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