Uno de los cambios más significativos que introdujo la gestión Morales en materia de transparencia fue la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas, un viejo reclamo de la sociedad que la administración de su antecesor, Eduardo Fellner, había omitido sistemáticamente.

Aunque existen diferencias sustanciales con las DDJJ que deben presentar los funcionarios del gobierno nacional ? es mucho más específica -, la provincia ha dado un paso a nivel institucional al exigirle a todos los servidores públicos en cargos de jerarquía que muestren sus bienes.

La autoridad de aplicación para ejecutar la tarea de recabar la información y ponerla a disposición del público es la oficina anticorrupción.

Casualmente, el titular de este organismo, también creado con la llegada de Cambia Jujuy al poder, es quien quedó expuesto por un dato, al menos llamativo, de su declaración de bienes.

Según la presentación realizada por Joaquín Millón Quintana en 2016, su única fuente de ingreso es precisamente el cargo que ocupa como titular de la oficina anticorrupción. Por esa tarea percibió ese año 682.349 pesos.

La siguiente DDJJ del funcionario es casi idéntica, pero con una polémica diferencia: sus ingresos pasaron a ser de 1.491.319 pesos. Su única actividad siguió siendo en esa área pública.

El incremento fue de 118% de un período a otro.

El índice inflacionario en el año 2016 se ubicó alrededor del 40%, mientras que en 2017 fue de 25%. Aunque la remuneración de Millón Quintana hubiera buscado compensar la suba de precios de un año y adelantarse a la del otro, el incremento que recibió duplicó a la inflación.

El artículo 6° de la ley 5.885, de creación de la oficina anticorrupción, indica que ?el fiscal anticorrupción percibirá una remuneración equivalente a la del cargo de vocal del tribunal de cuentas?.

Se infiere, entonces, que los vocales del máximo órgano de control de la provincia recibieron una actualización de salarios similar a la obtenida por Millón Quintana.

El cargo se convierte así en uno de los mejores pagos de la administración pública provincial, similar al que recibe el gobernador, los titulares del ministerio público de la acusación y de la defensa, y superior al de todos los ministros.

La declaración jurada local, sin embargo, sigue mostrando imprecisiones respecto de la que se presenta en el ámbito nacional, donde los declarantes muestran el contenido de sus cuentas bancarias, y los bienes muebles e inmuebles a valores de mercado, no a valor fiscal como ocurre en Jujuy.

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