El Gobierno resolvió cesantear a once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos delegados gremiales, por su participación en la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025, en el marco de un conflicto laboral por descuentos salariales aplicados tras medidas de fuerza.
La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital luego de la finalización de los sumarios administrativos iniciados tras aquel episodio. Según la evaluación oficial, los hechos revistieron “gravedad institucional” porque implicaron la ocupación de un área clave de la conducción médica y la interrupción del normal funcionamiento administrativo.
Entre las personas alcanzadas por la cesantía se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De acuerdo con la reconstrucción administrativa, ambos habrían tenido un rol activo en la organización y conducción de la protesta.
El conflicto se desató cuando las autoridades del hospital notificaron que no se pagarían los días no trabajados durante los paros. Ese mismo día, delegados sindicales ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica y permanecieron allí durante varias horas. Según fuentes oficiales, la ocupación incluyó la interrupción de tareas, la permanencia forzada del personal presente, episodios de agresiones verbales y la negativa a acatar las órdenes de seguridad para desalojar el lugar.
Sumarios y sanciones
Tras el episodio, el Garrahan abrió 44 sumarios administrativos para individualizar responsabilidades. La investigación se extendió durante varios meses e incluyó testimonios, registros internos y material audiovisual. Como resultado, el Consejo de Administración resolvió aplicar sanciones diferenciadas: la mayoría de los trabajadores involucrados recibió sanciones menores, mientras que en once casos se dispuso la cesantía por considerar acreditada una participación activa y organizadora de la toma.
La lista de trabajadores alcanzados incluye a diez delegados gremiales y a una trabajadora sin tutela sindical. Además de Lezana y Lipcovich, figuran Maximiliano Bares Fara, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.
En el caso de los delegados gremiales, la cesantía no será de ejecución inmediata. Diez de los once trabajadores cuentan con tutela sindical, una protección legal que impide su desvinculación sin autorización judicial previa. Por ese motivo, el hospital deberá aguardar que la Justicia se expida sobre el levantamiento de esa tutela para avanzar con las cesantías. La única trabajadora sin protección gremial podrá ser desvinculada una vez concluido el proceso administrativo.
Adorni celebró la medida en sus redes
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la medida a través de sus redes sociales. “El que las hace, las paga. El motivo del conflicto fue la pretensión de cobrar por días no trabajados. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, expresó.
Desde el hospital, en tanto, difundieron un comunicado en el que sostuvieron que la toma “no fue simplemente un ingreso a una oficina”, sino una acción que afectó el funcionamiento institucional y, según la evaluación administrativa, puso en riesgo la atención de los pacientes. “No vamos a permitir que unos pocos sigan afectando a nuestros pacientes ni que el Garrahan sea utilizado como teatro de operaciones electorales ”, afirmaron.
Del lado gremial, las organizaciones involucradas anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar las cesantías, especialmente en los casos de delegados con tutela sindical, y advirtieron que el conflicto sigue abierto. Señalaron que la ocupación fue una respuesta a los descuentos salariales y a la falta de respuestas a los reclamos presentados por los trabajadores.
El Hospital Garrahan es el principal centro pediátrico del país y recibe pacientes derivados de todas las provincias, por lo que el conflicto adquirió relevancia política y mediática. El desenlace judicial será clave para definir si las cesantías de los delegados gremiales pueden concretarse y cuál será el impacto final del conflicto en la institución.
