Pulverizaciones bajo la lupa: el juicio que vuelve a tensionar la relación entre campo, Justicia y ambiente

El proceso judicial contra productores locales y funcionarios de Martínez reabrió un debate sensible sobre el uso de fitosanitarios, la superposición de normativas y el rol de la ciencia en la construcción de reglas claras para una producción sustentable
11 de Febrero de 2026 | Primera Plana

El arranque del juicio en Rosario contra siete productores agropecuarios de nuestra ciudad y dos funcionarios de la gestión del intendente Javier Martínez volvió a encender una discusión que atraviesa a toda la región núcleo: cómo producir alimentos de manera eficiente sin poner en riesgo la salud y el ambiente, y bajo qué reglas.

La causa, que se apoya en el incumplimiento de una ordenanza municipal restrictiva, volvió a exponer la fragilidad de un esquema normativo fragmentado y la creciente judicialización de la actividad agropecuaria, ante la mirada escéptica y cómoda del poder político.

Desde el primer día, el proceso se transformó en una caja de resonancia mediática, con la fuerte presencia de organizaciones ambientalistas, vecinos denunciantes y entidades rurales que acompañan a los imputados.

En el fondo, el conflicto refleja una tensión mayor: la falta de consensos entre los marcos legales municipales, las regulaciones provinciales y nacionales y las prácticas técnicas avaladas por la ciencia agronómica.

En este contexto, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires (AIANBA) salió a fijar posición con un documento que busca aportar racionalidad al debate. Lejos de polemizar con el proceso judicial, la entidad puso el acento en los avances tecnológicos y en las Buenas Prácticas Agrícolas como pilares para una producción responsable.

“El sistema productivo actual cuenta con herramientas, conocimientos y controles suficientes para realizar aplicaciones con niveles muy bajos de riesgo, siempre que se cumplan los protocolos establecidos”, sostuvieron desde la entidad, al tiempo que remarcaron la importancia de la capacitación permanente, la trazabilidad de los productos y el rol central de los profesionales matriculados.

El comunicado, respaldado por cooperativas, universidades y entidades del sector, subraya que el uso de fitosanitarios no es una práctica improvisada, sino parte de un engranaje técnico que incluye recetas agronómicas, equipos homologados, operadores capacitados y condiciones ambientales estrictamente controladas.

Sin embargo, uno de los puntos más sensibles sigue siendo la dispersión normativa. Mientras algunas localidades establecen distancias de exclusión muy amplias, otras aplican criterios mucho más flexibles, generando un mosaico legal que expone a los productores a interpretaciones contradictorias y a escenarios de alta incertidumbre jurídica.

“La ausencia de una ley nacional integral deja el terreno fértil para ordenanzas dispares y fallos judiciales que terminan fijando límites difíciles de justificar desde lo técnico”, advierten los agrónomos, quienes reclaman un marco regulatorio unificado, basado en evidencia científica y consenso social.

Más allá del desenlace judicial, el caso Pergamino ya se convirtió en un símbolo de una discusión de fondo: cómo equilibrar producción, ambiente y salud pública sin caer en simplificaciones ni soluciones extremas.

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