Fuerte clamor internacional ante el avance del negacionismo en la Argentina de Milei

Expertos de la ONU advierten “alarmantes retrocesos” en derechos humanos y cuestionan el discurso y las políticas del Gobierno nacional.
24 de Marzo de 2026 | Infocielo

En medio de un clima político atravesado por discursos negacionistas y una reivindicación implícita de la llamada “teoría de los dos demonios”, el Gobierno de Javier Milei volvió a quedar bajo la lupa internacional. La reciente decisión de desclasificar archivos de la ex SIDE vinculados a la última dictadura militar, una medida presentada como un gesto de transparencia, generó fuertes cuestionamientos por el contexto en el que se inscribe: una narrativa oficial que relativiza el terrorismo de Estado y plantea una supuesta “guerra entre bandos”, en lugar de reconocer el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos.

A días de cumplirse 50 años del golpe de 1976, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron sobre “alarmantes retrocesos” en materia de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. El señalamiento no es aislado: desde 2024, los expertos ya enviaron al menos seis comunicaciones al Estado argentino alertando sobre un proceso de desmantelamiento institucional en esta área.

El contraste con la trayectoria del país es contundente. Desde el retorno democrático en 1983, Argentina supo consolidarse como referencia global en justicia transicional, a partir de hitos como la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el histórico Juicio a las Juntas, las más de mil condenas a represores, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo y la restitución de identidad de 140 nietos, entre otros avances.

“Lamentablemente hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina”, señalaron los especialistas en un comunicado difundido en la antesala del 24 de marzo. Entre los firmantes se encuentran Bernard Duhaime, Gabriella Citroni, Morris Tidball-Binz, Alexandra Xanthaki y Alice Jill Edwards, entre otros integrantes del sistema de Naciones Unidas.

Los expertos apuntaron directamente contra el rumbo adoptado por la administración de La Libertad Avanza, al señalar que combina un discurso que “niega o relativiza los crímenes” con políticas concretas de vaciamiento. En ese sentido, enumeraron el desarme de equipos de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas, la eliminación de áreas clave en la Secretaría de Derechos Humanos, que además fue degradada, la disolución de cuerpos de peritos en causas de lesa humanidad, el recorte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el debilitamiento de los sitios de memoria.

En paralelo, también generó polémica la posibilidad, finalmente descartada, de difundir un video desde el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada que buscaba poner el foco en la violencia previa al golpe, en lo que fue interpretado como un intento de relativizar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio.

“Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio”, advirtieron los relatores, quienes consideraron que cualquier intento de reescribir el pasado con enfoques negacionistas o revisionistas constituye “otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos”.

Asimismo, recordaron que los indultos por graves violaciones a los derechos humanos están prohibidos por el derecho internacional y subrayaron que Argentina “no puede cometer el mismo error otra vez”. “Por el contrario, debe consolidar y construir sobre su exitoso legado de justicia transicional”, remarcaron.

Las críticas también se apoyan en antecedentes recientes. En noviembre pasado, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, expuso ante organismos internacionales con un discurso que negó la cifra de desaparecidos y relativizó la magnitud de los crímenes, lo que encendió las alarmas dentro del propio sistema de Naciones Unidas.

En este contexto, la desclasificación de archivos de inteligencia aparece para distintos organismos como una medida atravesada por la desconfianza: lejos de consolidar el acceso a la verdad, advierten que podría responder a una lógica selectiva, alineada con un relato oficial que, más que aportar claridad, busca reconfigurar el pasado reciente bajo parámetros ideológicos.

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