Cartón lleno: Espert también se sumó a la “inocencia fiscal” del Gobierno libertario

La lista ya incluye a Adorni y su esposa: el pergaminense recurrió al régimen que permite regularizar activos y simplificar controles fiscales.
14 de Junio de 2026 | Primera Plana

José Luis Espert, dirigente libertario y exdiputado nacional, se acogió al régimen conocido como “inocencia fiscal”, una medida prevista en la Ley 27.799 y reglamentada por el Decreto 93/2026 que permite regularizar activos y reduce la exposición a sanciones y denuncias penales si se cumplen los plazos y condiciones previstos. La decisión vuelve a poner al economista bajo la lupa pública y judicial, y reaviva la paradoja política entre su discurso y sus actos.

Espert es investigado por la Justicia federal de San Isidro en una causa por presunto lavado de dinero vinculada a su relación con Federico “Fred” Machado, quien reconoció en Estados Unidos delitos de fraude y lavado. El fiscal Fernando Domínguez analiza movimientos bancarios por cientos de millones de pesos y miles de dólares, además de operaciones inmobiliarias y compras de vehículos de alta gama. La apertura de la puerta del régimen de “inocencia fiscal” complica la lectura política del caso y plantea dudas sobre la eventual impunidad práctica que puede generar la norma.

Quienes defienden la adhesión sostienen que, en términos estrictamente legales, acogerse al régimen no constituye un delito ni implica admitir irregularidades: es un mecanismo de regularización tributaria diseñado para incentivar la repatriación o declaración de activos y limitar litigios fiscales. No obstante, los críticos ven en la medida una suerte de amnistía encubierta que reduce la rendición de cuentas, sobre todo cuando se trata de figuras públicas que construyeron su perfil político en torno a la transparencia y la lucha contra los privilegios.

La decisión de Espert resulta especialmente llamativa porque, mientras era diputado, fue uno de los promotores públicos del proyecto que dio lugar a la Ley de Inocencia Fiscal. En esa etapa defendió la iniciativa como una herramienta para “blindar al ciudadano de bien” frente al desmanejo de la clase política. Hoy, su adhesión alimenta la narrativa de contradicción entre el mensaje anticasta que lo lanzó al centro del debate y la utilización de un régimen que muchos opositores presentan como favorable a funcionarios y allegados.

En el plano judicial, la adhesión al régimen no detiene necesariamente la investigación penal: los fiscales pueden seguir analizando pruebas y movimientos previos a cualquier regularización. Sin embargo, la norma sí introduce mecanismos que, en la práctica, pueden limitar la vía administrativa y modificar incentivos procesales. La causa en San Isidro seguirá su curso hasta que la Justicia determine si hubo delitos penales más allá de la mera regularización tributaria.

Desde lo político, la movida aporta combustible a la discusión sobre coherencia y ética pública dentro del oficialismo libertario. A medida que se suman nombres —entre ellos funcionarios y exfuncionarios— que recurren al mismo mecanismo, la oposición y parte de la opinión pública exigen explicaciones claras sobre por qué dirigentes que cuestionaron los privilegios terminan utilizando la herramienta.

El caso de Espert pone en tensión varios planos: la técnica jurídica del régimen, la investigación penal en marcha y el debate político sobre hipocresía y transparencia. A partir de ahora, la atención se trasladará a las conclusiones de la fiscalía, la eventual acción judicial y la respuesta pública del propio Espert, que deberá explicar cómo concilia su adhesión con el relato que lo posicionó en la escena política.

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