Juicio por contaminación con agrotóxicos: “Lo que sobran son pruebas científicas”

Más de una década de denuncias, enfermedades y evidencia llevaron al primer juicio oral por fumigaciones en zonas urbanas
18 de Junio de 2026 | Primera Plana

Desde Pergamino, enclave de soja de la provincia de Buenos Aires, habla Sabrina Ortiz a través de una videollamada. “El daño humano ya está hecho. El sacrificio humano ya está hecho”, dice. Vecina del barrio de Villa Alicia, Ortiz es querellante en el primer juicio oral por fumigaciones con agrotóxicos en la provincia, que comenzó en febrero de este año ante el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario.

Como una de las múltiples madres que llevan más de una década denunciando los efectos de fumigaciones sobre su familia y con su casa separada por una calle de tierra de los campos de soja fumigados con glifosato y otros agroquímicos, Ortiz recuerda cómo los síntomas llegaban puntuales después de cada aplicación. Hinchazón en la garganta, sarpullidos, desprendimiento de piel y problemas respiratorios. Síntomas que con el tiempo crecieron a la par que lo hacían sus hijos, Fiamma y Ciro.

Su historia es la de muchos vecinos. La de María Alejandra Bianco, cuyos hijos fueron diagnosticados con púrpura trombocitopénica (trastorno hemorrágico) y cáncer de tiroides; la de Paola Díaz, que en 2014 perdió a su hija de 11 años por leucemia; o la de Florencia Morales, fallecida de cáncer en 2023 sin llegar a ver ningún juicio. Historias que conforman lo que Ortiz llama “los cuerpos que han hablado”; cuerpos que se han convertido en pruebas. Pero estos nombres no son los únicos; a lo largo de las 16 audiencias que se han realizado en el año, diversos testigos declararon su sufrimiento en primera persona ante el tribunal.

“Sentar en el banco de los acusados a los poderes es un montón”, dice Ortiz, refiriéndose a los siete productores agropecuarios y a dos exfuncionarios municipales acusados de contaminación. En 2018, Ortiz presentó la denuncia que dio origen a esta causa, como parte del colectivo Madres de Barrios Fumigados. Ocho años más tarde, Pergamino siente por primera vez esperanza.

Para llegar a este juicio, lo que Pergamino construyó fue ciencia. Un entramado de estudios realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce —que detectaron plaguicidas en el agua de consumo de vecinos de los barrios fumigados—, sumados al análisis de genotoxicología realizado por biólogos e investigadores de Río Cuarto sobre la familia Ortiz a lo largo de casi una década, son hoy el conjunto de pruebas que sostienen este juicio. Pruebas que indican que esta también es una historia sobre ciencia, una que Ortiz no duda en calificar como digna.

Ciencia en el cuerpo

“Es muy importante que los magistrados empiecen a tomar estos resultados, que nos llamen”, dice Delia Aiassa, bióloga e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ella lleva más de 20 años estudiando cómo afectan los agrotóxicos al material genético humano y realizó el único análisis de genotoxicidad de la familia Ortiz durante 2019, donde se encontraron valores de daño genético por encima de los de referencia en los cuatro miembros. Aunque estos resultados no permiten atribuir causalidad directa a un compuesto específico, señala Aiassa, sí constituyen un indicador biológico de exposición a agrotóxicos.

Desde 2006, el laboratorio de Genética y Mutagénesis Ambiental que dirige (GeMA) acumula publicaciones científicas internacionales sobre los efectos de plaguicidas en daño genético. Entre sus trabajos, el equipo documentó mayores niveles de daño genético en poblaciones expuestas a fumigaciones y efectos genotóxicos asociados al glifosato. Lo que las investigaciones intentan hacer, dice la científica, es prepararse. “La importancia de estudiar el material genético de una persona o de una población es precisamente adelantarnos a situaciones graves”, explica. Hoy, trabajando de forma particular, la frecuencia con la que encuentra valores de daño genético por encima de los de referencia le resulta preocupante. Es una información no menor en Argentina donde, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el uso de pesticidas agrícolas creció más del 900?% en menos de tres décadas, acelerado desde 1996 con la autorización de la soja transgénica resistente al glifosato.

Lo que siente como investigadora frente al modelo de producción agrícola del país, dice, es responsabilidad. “Siempre estoy pensando, bueno, a ver, ¿qué más puedo aportar desde este resultado para que se le preste atención a esto? No es el dato crudo lo que importa en la ciencia, sino lo que se hace con él. Porque el daño genético puede revertirse si se detecta a tiempo. Pero para eso hay que buscarlo, y para buscarlo hay que creer que vale la pena buscar”.

Ciencia en el agua

“Hay un montón de cosas que ya se saben”, sostiene Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma e investigadora del INTA-Balcarce, sobre los agrotóxicos y la contaminación ambiental. En 2018, el juzgado encargó a la institución y a la doctora Aparicio el análisis de agua de los barrios de Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad. Allí, concluyeron que las muestras no eran aptas para consumo humano, ya que tenían la presencia de 18 agroquímicos diferentes, entre ellos el glifosato, su metabolito AMPA y atrazina (un herbicida distinto, prohibido en la Unión Europea desde 2004).

Donde la ciencia no puede llegar sola, sin embargo, es en pedir medidas o normas. “Estas sustancias están llegando como gotas constantes”, dice Aparicio y advierte que el daño en Pergamino no proviene solo de dosis agudas, sino de contactos cotidianos y prolongados. Por eso reivindica el principio precautorio que permite proteger la salud. “No tendríamos que llegar a un juicio para decidir alejar aquello que puede enfermar a las personas”.

El principio precautorio al que refiere, incorporado en la Ley General del Ambiente argentina, establece que cuando existe peligro de daño grave o irreversible al ambiente o la salud, la falta de certeza científica absoluta no puede utilizarse como razón para postergar medidas de protección. En el caso de Pergamino, este criterio fue clave para el dictado de disposiciones cautelares por la Justicia Federal en 2018, que ordenó restringir las fumigaciones terrestres y aéreas a menos de 1.095 y 3.000 metros respectivamente de las zonas urbanas.

Según Aparicio, la información científica que sustenta esta distancia ya estaba publicada, pero no había alcanzado difusión por fuera de ámbitos especializados. Lo relevante, según la doctora, fue la disposición institucional de revisar y considerar esa evidencia científica. Su equipo hizo tres campañas de monitoreo de agua en Pergamino, antes y después de que se tomara la nueva medida y, efectivamente, se detectó menor cantidad de plaguicidas.

Frente a la pregunta de qué significa para una comunidad ver el interés de un tribunal, Ortiz no habla primero de justicia, sino de evidencia. “Hay rigor científico, sobra rigor”, dice. Con los alegatos concluidos el 27 de mayo, Pergamino sabe que lo que logró, más allá del veredicto que llegará el 24 de junio, es algo que durante mucho tiempo se le negó a todos los vecinos fumigados: pruebas.

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