La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una demanda en la Suprema Corte de Justicia Bonaerense para que se declare inconstitucional un artículo de la Ley de Presupuesto de Axel Kicillof que obliga a los colegios a transferir los aportes de los docentes y auxiliares al Instituto de Previsión Social (IPS).

A través de un comunicado, AIEPA expresó su rechazo al traspaso del personal de los colegios privados al régimen previsional del IPS, en reemplazo del régimen nacional administrado por Anses, al que vienen aportando hasta el momento.

La controversia se originó a partir del artículo 59 de la Ley de Presupuesto que dispuso que los docentes extraprogramáticos -quienes dictan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria- y el personal no docente de instituciones educativas de gestión privada pasen a aportar al IPS.

Según estimaciones del sector, el eventual traspaso podría alcanzar entre 50.000 y 55.000 trabajadores, correspondiente a personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogramáticas. La modificación implicaría que esos trabajadores y sus empleadores dejen de aportar al sistema nacional y pasen al régimen provincial.

Desde AIEPA advirtieron que la medida fue adoptada sin una instancia previa suficiente de diálogo y sin brindar un marco normativo, administrativo y operativo claro que otorgue seguridad jurídica a las instituciones educativas alcanzadas.

“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por Anses”, explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.

El impacto en colegios privados

AIEPA advirtió que la medida tendría un impacto económico directo. Por un lado, podría aumentar el costo laboral de las instituciones educativas, especialmente por la eventual pérdida o inaplicabilidad del régimen nacional diferencial de contribuciones patronales previsto para establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial. Por otro lado, también podría afectar el ingreso de bolsillo de los trabajadores, ya que el aporte personal al régimen provincial resulta superior al previsto en el sistema nacional.

Para AIEPA, la demanda nacional constituye un respaldo sustancial a la línea argumental que la entidad viene sosteniendo desde el inicio del conflicto, en tanto confirma que la cuestión no se limita a una discusión administrativa local, sino que involucra competencias nacionales, obligaciones previsionales vigentes, recursos de la seguridad social y el principio de supremacía normativa.