Las universidades vuelven al paro esta semana y crece la tensión por los 300 días sin Ley de Financiamiento

La CONADU Histórica inició un paro de cinco días y habrá protestas en todo el país para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto suma cuestionamientos gremiales, cruces con el Gobierno y una nueva instancia judicial prevista para el viernes.
19 de Agosto de 2026 | Primera Plana

Tras el fin de semana largo, las universidades nacionales volvieron a quedar en el centro de un conflicto que suma nuevas medidas de fuerza y protestas por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que lleva 300 días sin ejecutarse.

La CONADU Histórica (Conaduh) ratificó un paro de cinco días que comenzó este martes 18 de agosto y se extenderá hasta el sábado 22. La federación reclama la recomposición salarial contemplada en la normativa de financiamiento, en medio de un escenario que ya había tenido una huelga conjunta de docentes y personal no docente el pasado 12 de agosto.

Al tratarse de una sola de las federaciones que convocan a la medida, el impacto del paro podría ser dispar entre las distintas casas de estudio. Por eso, los estudiantes podrían encontrarse con clases suspendidas o con modificaciones en la modalidad de cursada durante esta semana.

En paralelo, el Frente Sindical y las organizaciones estudiantiles, entre ellas la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la FUBA, organizaron distintas acciones para visibilizar el reclamo hasta el jueves. Entre las iniciativas previstas aparece la instalación de “carpas por la Universidad y la Soberanía” en distintos puntos del país.

El principal foco de la protesta estará este miércoles 19 de agosto frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación. A las 11 se realizará un acto y una movilización de estudiantes, docentes y no docentes para reclamar nuevamente el cumplimiento de la ley. En ese marco, Conaduh convocó además a un “banderazo”, en línea con las protestas protagonizadas la semana pasada por el sector científico y tecnológico.

Desde el Gobierno cuestionaron la medida. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, sostuvo que “las universidades están abiertas y dando clases normalmente” y apuntó contra quienes convocaron al paro al afirmar que “es convocado por un grupo de gente que NO TIENE personería gremial”.

El funcionario también cuestionó el rol de la AGD, a la que definió como una agrupación “simplemente inscripta” que, según su planteo, no puede representar a los docentes de la UBA. En ese sentido, remarcó que existe una paritaria vigente y convocada y afirmó que “la única motivación es política”.

Del otro lado, las organizaciones sindicales estiman que el Gobierno mantiene pendiente una recomposición salarial de entre 28,5% y 31,2%, a lo que debe agregarse el retroactivo correspondiente desde la entrada en vigencia de la ley, que también forma parte del reclamo.

El conflicto no se limita a los salarios. Entre los pedidos de docentes y no docentes también aparecen las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y el financiamiento de los hospitales universitarios. Las organizaciones sostienen que la norma aprobada por el Congreso no fue implementada de manera integral durante los 300 días transcurridos desde entonces.

La disputa también tiene un capítulo judicial. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevó adelante una demanda para reclamar la aplicación de la Ley N.º 27.795, aprobada por el Congreso el 2 de octubre de 2025, que estableció la actualización de los recursos y de los salarios del personal universitario de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Las universidades obtuvieron una medida cautelar en diciembre, que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en marzo. Luego, el 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por el Gobierno y devolvió la ejecución de la cautelar al juez de primera instancia Martín Cormick, quien había ordenado la medida.

Ahora, el magistrado convocó a una audiencia para este viernes 21 de agosto, instancia en la que se esperan nuevas definiciones judiciales. El pedido fue realizado por la Universidad de Buenos Aires, mientras que el CIN solicitó que se intime al Gobierno a cumplir con la cautelar, bajo apercibimiento de iniciar una demanda penal por desobediencia y de aplicar multas al Estado nacional.

El cronograma de medidas de fuerza tampoco termina esta semana. La CONADU convocó a un nuevo paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, junto con otras federaciones como FEDUN y FATUN.

En medio de la escalada, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, defendió la política oficial y aseguró que “continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional”, tanto en lo referido a los hospitales universitarios como a la paritaria salarial y los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

La cartera también señaló que los aumentos salariales acordados se están pagando de acuerdo con los montos y plazos establecidos en el acta paritaria firmada el 10 de junio. En ese contexto, el Gobierno calificó el paro como “ilegítimo”, sostuvo que responde a motivaciones políticas y afirmó que “no tiene como prioridad la educación”.

Si todavía no recibís las notificaciones de PRIMERA PLANA, mandanos un Whatsapp al 2477.506005 con la palabra ALTA y pasaráas a formar parte de nuestra base de datos. ¿Más fácil? Hacé click en el siguiente enlace https://wa.link/3b57du.