Para las organizaciones que integran la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), la discusión no se limitó a la posibilidad para que los capitales extranjeros accedan a una mayor porción de las tierras rurales. El proyecto puso en evidencia un modelo de desarrollo que, según denuncian, favorece la concentración económica y profundiza el despoblamiento de amplias regiones del país.

Las cooperativas y la propuesta del Gobierno

Ricardo Garzia, secretario de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) organización que integra la MAA, consideró que la propuesta impulsada por el Ejecutivo de extranjerización de la tierra “es como una puntada final de todo un proceso que empezó con el DNU 70 y que tiene como denominador común el debilitamiento de las estructuras productivas vinculadas al interior argentino.

Entre esas medidas, el dirigente mencionó la apertura de importaciones, la reducción de las capacidades estatales para intervenir en el desarrollo productivo, el desmantelamiento de organismos vinculados a las economías regionales y la paralización de la obra pública. A su entender, esas políticas afectan “especialmente a los pequeños y medianos productores, a las cooperativas, a las comunidades originarias y a los cinturones frutihortícolas que abastecen de alimentos a los grandes centros urbanos”.

El secretario de la organización de cooperativas también advirtió sobre el impacto que tienen los cambios institucionales sobre el entramado cooperativo. “Si desaparece una cooperativa en un pueblo chico, desaparece el pueblo directamente”, sostuvo al referirse al papel que cumplen estas entidades en la prestación de servicios y en el sostenimiento de la actividad económica de numerosas localidades del interior.

Desde Fecofe interpretan que la concentración de la tierrano es solamente un fenómeno vinculado a las operaciones inmobiliarias o a la compra de campos por parte de grandes grupos económicos. También se produce cuando desaparecen productores, se reducen las oportunidades de trabajo y las comunidades son expulsadas de los territorios. Garzia señaló que las políticas aplicadas durante los últimos años generaron condiciones para vaciar amplias zonas rurales y favorecer nuevos procesos de concentración.

Sin embargo, la autoridad cooperativa destacó que la resistencia social al proyecto oficial produjo un resultado inesperado. Según evaluó, la discusión logró involucrar a sectores que habitualmente no participan de los debates propios de la cuestión agraria. “Hubo un despertar, hubo un clic en la sociedad”, afirmó al valorar la movilización que se expresó en redes sociales, organizaciones territoriales, medios de comunicación y ámbitos legislativos.

Para las organizaciones cooperativas nucleadas en Fecofe, el debate abierto en las últimas semanas permite volver a discutir una cuestión estructural de la Argentina que es la distribución y el uso de la tierra. En ese punto aparece uno de los ejes centrales de la propuesta política de este sector ya que “el acceso, uso y tenencia de la tierra deben formar parte de una estrategia de desarrollo nacional orientada a fortalecer el arraigo rural, generar empleo y ampliar la producción de alimentos”. Según Garzia, detrás de la discusión sobre la tierra aparecen cuestiones vinculadas a la “soberanía territorial, la soberanía política y la soberanía alimentaria”.

La propuesta incluye la recuperación de instrumentos históricos vinculados a la regulación del acceso a la tierra. Entre ellos, una nueva ley de arrendamientos rurales y la creación de mecanismos que permitan que productores y productoras puedan acceder a tierras propias. Garzia volvió a mencionar la necesidad de impulsar un instituto de colonización que facilite la compra de tierras para quienes producen alimentos y viven en el campo.

Otro de los planteos apunta a revisar las políticas de financiamiento y comercio exterior. Para la entidad cooperativa, las herramientas económicas deben reconocer la diversidad productiva existente en el país y abandonar los criterios uniformes que colocan en una misma situación a productores familiares, cooperativas y grandes grupos empresariales. Garzia sostuvo que se necesitan “políticas diferenciadas para las distintas economías regionales y para los diversos modelos productivos que conviven en el territorio”.

La agenda propuesta también contempla el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, la recuperación de organismos públicos vinculados al desarrollo agropecuario y un marco tributario que promueva el cooperativismo. Según explicó, la estructura productiva argentina requiere herramientas específicas para acompañar a quienes producen alimentos, generan empleo local y sostienen comunidades en el interior del país.

Según Garzia la discusión no involucra únicamente a quienes viven o trabajan en el ámbito rural o de las cooperativas. En ese sentido vinculó la organización territorial de la producción con el precio de los alimentos, el empleo y los procesos migratorios internos. Como ejemplo, cuestionó los extensos recorridos que realizan algunos productos antes de llegar a las góndolas y aseguró que esos costos terminan siendo afrontados por los consumidores urbanos.

Para las organizaciones que integran la Mesa Agroalimentaria, el principal saldo del debate no es únicamente haber frenado parte de una iniciativa legislativa. Consideran que la discusión permitió reinstalar una pregunta de fondo sobre el modelo de desarrollo que necesita el país. La tierra “dejó de ser un asunto reservado al sector agropecuario para transformarse nuevamente en una cuestión vinculada a la soberanía, la producción de alimentos y el futuro de las comunidades rurales”.