Universidades: el Gobierno vuelve a negociar salarios mientras acumula 315 días sin cumplir la ley de fondos

Las federaciones docentes y el CIN se reúnen este martes con funcionarios de Capital Humano. Reclaman el 30% de recomposición salarial, retroactivos y el cumplimiento de una cautelar que quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema. Mientras tanto, avanzan pedidos de multas y una causa penal por desobediencia.
01 de Septiembre de 2026 | Primera Plana

Este martes, las Universidades nacionales vuelven a sentarse con el Gobierno en medio de una disputa que lleva más de un año y que tiene como eje el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. La nueva reunión paritaria fue convocada por el Ministerio de Capital Humano y se realizará a las 11 en el Palacio Pizzurno.

A la mesa están citados representantes de las federaciones docentes Fedun, Fatun, Conadu y Conadu Histórica, además del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de más de 60 universidades de todo el país.

El encuentro llega cuando, según los conteos publicados por la UBA y otras casas de estudios, ya pasaron 315 días sin que se cumpla la ley de Financiamiento. En representación de Fedun estará Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), quien sostuvo que todavía resta recomponer un 30% de los salarios.

“De acuerdo con la ley, falta recomponer un 30% de los salarios y creemos que ya no hay margen del lado del Gobierno para no cumplir la cautelar judicial de actualización salarial y becas estudiantiles”, expresó Cagnacci.

El dirigente también marcó que existe disposición para continuar con el diálogo, pero planteó otro reclamo además de la recomposición salarial. Los docentes y no docentes deberían recibir un retroactivo correspondiente al período transcurrido desde la promulgación de la ley, de acuerdo con el planteo de los trabajadores.

Desde Conadu, su secretaria general, Clara Chevalier, llegó a esta jornada con una mirada más pesimista. La dirigente calificó de “muy contundente” el último paro nacional de 48 horas realizado por su federación el jueves y viernes anteriores y advirtió que podría profundizarse el conflicto si el Gobierno no responde.

“Si este 1 de setiembre el Gobierno no salda la deuda con la Universidad y sus trabajadores, vamos a una agudización del conflicto”, afirmó Chevalier.

El reclamo salarial se encuentra atravesado además por una disputa judicial que ya recorrió todas sus instancias. La cautelar a favor de las Universidades quedó firme después del fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, cuando el máximo tribunal rechazó el último recurso extraordinario presentado por el Gobierno.

El proceso tuvo además un episodio inédito, ya que los abogados del Estado terminaron litigando contra las Universidades públicas. La causa había comenzado ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento, que fue sancionada por el Congreso, vetada por Javier Milei y luego insistida por una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.

El último capítulo judicial se produjo el 21 de agosto, cuando el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick convocó a una audiencia que fue interpretada como una instancia de mediación. El magistrado fue quien originalmente otorgó la cautelar, posteriormente avalada por la Cámara de Apelaciones.

Tras la decisión de la Corte, el CIN le reclamó a Cormick que aplicara multas a los funcionarios responsables del incumplimiento, desde el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, hasta el Presidente. También pidió que se avance con una causa por el delito de desobediencia.

Durante aquella audiencia, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sumó otro planteo relacionado con la situación de las instituciones universitarias. Advirtió por la “grave situación presupuestaria” de los hospitales universitarios y reclamó que se asignaran los créditos previstos en la Ley de Presupuesto 2026.

Las Universidades señalaron que en esa instancia el Gobierno se comprometió a cumplir con la normativa. Sin embargo, cuando llegó el momento de plasmar ese compromiso por escrito y firmarlo en el acta, los funcionarios se negaron. Además, plantearon realizar una nueva audiencia dentro de los siguientes 30 días, algo que desde el sector universitario interpretaron como una forma de “seguir ganando tiempo”.

El abogado constitucionalista Pablo Manili, quien encabeza la demanda contra el Gobierno en representación de los rectores agrupados en el CIN, explicó que actualmente esperan una resolución de Cormick sobre los pedidos de multas diarias y la apertura de una causa penal por desobediencia.

El letrado también analizó por qué, pese al fallo de la Corte Suprema, la Justicia todavía no avanzó contra los funcionarios. “El problema es que para un juez es complicado dictar una orden contra el presidente de la Nación y que no te la cumpla”, sostuvo.

En ese sentido, Manili explicó que un magistrado puede intentar conducir el expediente para que el Gobierno termine acatando la decisión judicial sin llegar a una confrontación mayor. “Hay que ponerse en los zapatos de un juez de primera instancia que ni siquiera es de la Corte Suprema”, planteó.

Durante la audiencia de agosto, además, el Gobierno volvió a solicitar que se levantara la cautelar. El argumento fue que la administración ya estaba pagando lo establecido por la ley y tomó como referencia el acuerdo paritario alcanzado en mayo, que contempló un 21% de aumento, más otro 3% previsto para octubre.

Manili cuestionó esa postura y la comparó con un embargo. “El planteo es muy absurdo. Es como pedir que te levanten un embargo porque debías 10 pesos y ya abonaste 1. Afortunadamente, Martín Cormick dijo que no”, relató el abogado del CIN.

La disputa no se limita a los salarios. El incumplimiento de la Ley de Financiamiento repercute sobre el funcionamiento de las Universidades, las becas y la situación presupuestaria de los hospitales universitarios, áreas que se sostienen con recursos del Presupuesto nacional.

El conflicto alcanza a un universo de casi 2 millones de alumnos, más de 266 mil docentes y alrededor de 65.000 no docentes. La normativa, además, tuvo un recorrido legislativo excepcional después de que Milei la vetara y el Congreso lograra insistir con su aprobación mediante una mayoría de dos tercios en cada una de las Cámaras.

La reunión de hoy se produce con los sueldos de agosto ya depositados, pero sin el 30% de incremento que, según el reclamo universitario, debería haberse aplicado. En la previa del encuentro circulan dos escenarios posibles. Uno apunta a que el Gobierno podría ofrecer cancelar la deuda en distintos tramos durante los próximos meses, mientras que otra versión sostiene que mantendrá la postura que viene sosteniendo hasta ahora.

El resultado de la negociación también quedará vinculado al frente judicial, ya que, si persiste el incumplimiento, resta saber si la Justicia avanzará con medidas destinadas a garantizar la ejecución de la cautelar.

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