A partir de septiembre, el ingreso mínimo pasa a $383.800, mientras que en octubre se ubicará en $391.200, en noviembre en $398.800 y en diciembre en $406.400. Desde el próximo año, el salario será de $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y $437.000 en abril.

En el caso de los trabajadores jornalizados, la actualización también quedó escalonada. Para este año, el valor de la hora se estableció en $1.919 en septiembre, $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre, $2.032 en diciembre. Mientras tanto, pasará a ser de $2.071 en enero, $2.110 en febrero, $2.148 en marzo y $2.185 en abril.

A su vez, la resolución también sujeta una actualización del mecanismo de la prestación por desempleo, que será equivalente al 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido en los seis meses previos al final de la relación laboral. Además, contará con un piso y un tope directamente vinculados al SMVM: en ningún caso podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superior al 100%.

La medida fue firmada por Claudia Silvana Testa, en su carácter de presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos y entidades del Estado nacional que actúen como empleadores.

Sin acuerdo por el salario mínimo

La última negociación por el salario mínimo, que en agosto fue de $376.600, se hizo el viernes pasado y volvió a mostrar discrepancias entre sindicatos (pedían llevar a $993.000 en diciembre), empresarios y el Gobierno para definir un valor que impacta de manera directa sobre los ingresos de los trabajadores más rezagados del mercado laboral.

La reunión terminó otra vez sin acuerdo y dejó, en los hechos, la definición final en manos del Poder Ejecutivo, como ocurre desde hace más de dos años.

El SMVM establece el ingreso básico que debe percibir un trabajador por una jornada legal completa y, al mismo tiempo, funciona como referencia para la actualización de programas sociales, prestaciones y subsidios.