224 muertes y más de 91 mil casos de torturas: el duro diagnóstico sobre el sistema de encierro bonaerense

La Comisión Provincial por la Memoria registró 91.833 hechos de torturas durante 2025. En cárceles y alcaidías murieron 224 personas, nueve de cada diez por problemas de salud no asistidos. Además, hay 63.934 personas detenidas en la provincia, casi el doble que hace una década.
02 de Septiembre de 2026 | Primera Plana

224 personas murieron durante 2025 en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires. De ese total, 203 fallecieron por problemas de salud que, según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), no recibieron asistencia adecuada. El dato es uno de los más contundentes del 20° Informe Anual El sistema de la crueldad XX, presentado este jueves por el organismo.

El documento, elaborado por el organismo en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, advierte que el sistema penal bonaerense continúa creciendo y endureciéndose, mientras persisten graves vulneraciones de derechos en cárceles, comisarías y otros espacios de encierro.

Uno de los principales datos relevados durante 2025 es que la CPM registró 91.833 hechos de torturas, malos tratos y otras violaciones a los derechos humanos, a partir de 785 inspecciones y más de 54.500 entrevistas y comunicaciones con personas que denunciaron violencia estatal. Del total, el 16% correspondió a hechos vinculados con la negación o restricción del acceso a la Justicia.

El informe señala que la provincia de Buenos Aires mantiene el sistema de encierro más grande del país. A diciembre de 2025 había 63.934 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías o bajo monitoreo electrónico, frente a las 61.810 registradas un año antes.

Según la CPM, la cantidad de personas privadas de la libertad crece aproximadamente un 5% cada año y actualmente es casi el doble que hace una década. La tasa de encarcelamiento bonaerense, sostiene el organismo, duplica la tasa mundial.

El crecimiento de la población detenida tiene un impacto directo sobre las condiciones de alojamiento. En cárceles y alcaidías, la sobrepoblación alcanzó el 116%, diez puntos por encima del año anterior.

La situación también aparece reflejada en las cifras de mortalidad. Durante 2025 se registraron 224 muertes en cárceles y alcaidías, de las cuales 203 estuvieron vinculadas a problemas de salud que, según el informe, no recibieron una asistencia adecuada.

En las comisarías, en tanto, la sobrepoblación llegó al 20%. Aunque la cantidad de personas alojadas en dependencias policiales disminuyó desde 2020, la CPM advierte que las condiciones continúan siendo "extremas y críticas". Durante el último año se registraron 12 muertes en esos establecimientos.

Prisión preventiva y juicios abreviados

Otro de los cuestionamientos centrales está dirigido al funcionamiento del sistema judicial. El informe indica que a diciembre de 2025 el 47% de las personas alojadas en cárceles y alcaidías no tenía una condena firme.

La situación es todavía más elevada entre mujeres y personas trans: alcanza al 56% y 53%, respectivamente.

La CPM también pone el foco en el crecimiento de los juicios abreviados. De acuerdo con sus registros, nueve de cada diez causas penales se resuelven mediante este mecanismo, mientras que ocho de cada diez pedidos de morigeración de la prisión son rechazados.

Para el organismo, estas herramientas contribuyen a sostener una política criminal basada en el encierro y cuestiona el discurso de la denominada "puerta giratoria".

141 muertes por uso letal de la fuerza

El despliegue de las fuerzas de seguridad también forma parte del diagnóstico. Durante 2025 se registraron 141 muertes por uso letal de la fuerza, según los datos recopilados por la CPM. Esto equivale, de acuerdo con el informe, a una muerte cada 60 horas.

La mayoría de los casos —87— fueron protagonizados por agentes que se encontraban fuera de servicio y actuaron en defensa de bienes propios. Dentro de ese grupo, 17 policías mataron mientras trabajaban como choferes de aplicaciones de viajes.

Además, el organismo contabilizó 18 muertes ocurridas durante el momento de la aprehensión.

Uno de los capítulos que adquiere particular relevancia en el informe es el referido a las nuevas patrullas municipales. La CPM cuestiona que estos cuerpos, que surgieron para reforzar la prevención y seguridad en distintos municipios, hayan comenzado a desarrollar tareas que, según el organismo, exceden sus competencias legales.

El informe sostiene que algunas patrullas detienen personas y utilizan armas pese a no contar con habilitación legal para ejercer funciones policiales, especialmente en operativos dirigidos contra personas que viven o trabajan en la vía pública.

Para la Comisión, esta dinámica profundiza la segregación territorial y convierte el espacio público en un ámbito de expulsión de los sectores más vulnerables.

Más de 800 menores privados de libertad

El informe también cuestiona el rumbo de las políticas destinadas a niños, niñas y adolescentes, en un contexto marcado por la reciente reducción de la edad de punibilidad a nivel nacional.

La CPM sostiene que, pese a los discursos que justificaron un endurecimiento de las respuestas penales, la cantidad de jóvenes imputados en la provincia se redujo en los últimos años.

Sin embargo, durante 2025 842 niños y jóvenes ingresaron a centros de detención, y 168 tenían 15 años o menos, lo que representa el 20% del total.

El organismo advierte que las políticas de niñez atraviesan una situación crítica, caracterizada por falta de recursos y ausencia de un proyecto institucional que garantice el cumplimiento de los derechos establecidos por la legislación vigente.

En su diagnóstico general, la CPM sostiene que durante las últimas tres décadas los distintos gobiernos respondieron a las demandas de seguridad principalmente mediante el endurecimiento de las políticas penales.

Para el organismo, esa estrategia no logró resolver los problemas de seguridad y, en cambio, produjo un crecimiento sostenido del sistema de encierro y de las vulneraciones de derechos.

La Comisión cuestiona además que buena parte del debate público sobre seguridad se construya sobre argumentos que, a su criterio, no encuentran respaldo en las estadísticas.

Como ejemplo, el informe compara las tasas de muertes violentas: señala que los homicidios en ocasión de robo en Argentina representan 2 casos cada 100.000 habitantes, mientras que las muertes por accidentes viales llegan a 7,7 y los suicidios a 11 cada 100.000.

Con ese diagnóstico, la CPM plantea la necesidad de revisar las políticas de seguridad y avanzar hacia estrategias que reduzcan efectivamente las muertes violentas sin profundizar la criminalización de la pobreza ni el deterioro de las condiciones de encierro.

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