Milei enloqueció con la proyección de inflación que fijó Caputo y lo obligó a cambiarla

En un primer momento el gobierno informó que la inflación prevista en el Presupuesto sería del 21,1%, pero horas después se cambió a 18%.
16 de Septiembre de 2026 | Primera Plana

Apenas seis horas separaron la reunión de la mesa política en la Casa Rosada del ingreso del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados. En el medio, Luis Caputo tuvo que afinar hasta el límite la variable más sensible para un año electoral: la inflación. 

Fuentes que siguieron la negociación aseguran que hubo una corrección de último momento para evitar que quedara un número superior al 20%. Desde el Congreso lo niegan y sostienen que las dos cifras que circularon miden cosas diferentes. 

A las 16:10 del martes, Presidencia informó oficialmente que Caputo había presentado ante la mesa política una proyección de crecimiento del PBI del 4%, una inflación promedio del 21,1% y una suba del salario promedio del 25,4% para 2027. También anunció exportaciones por más de 130 mil millones de dólares, un saldo comercial de bienes y servicios superior a 15 mil millones y un tipo de cambio promedio anual de 1.728 pesos. 

A las 22:10 ingresó el proyecto a Diputados. Allí quedó plasmada una inflación del 18% punta a punta para 2027. El documento mantiene el crecimiento del 4% y proyecta que la inversión aumentará 9,2%, el consumo privado 3,4% y las exportaciones, medidas en cantidades, 8,5%. Para diciembre, el tipo de cambio nominal fue calculado en 1.847,60 pesos por dólar, una variación anual del 15,5%. 

Fuentes al tanto de cómo se tramitaron las negociaciones aseguran que detrás de esa secuencia hubo una discusión política. "Ganó la pata política, que se asustó con un dato mayor a 20 en pleno año electoral. Toto estuvo afinando los números hasta el límite. No te sorprenda que salte alguna inconsistencia. En esta hay que darle la derecha a Toto, que transpiró sangre", dijo una fuente del Gobierno. 

Desde el Congreso, sin embargo, ofrecen otra explicación. Sostienen que no hubo una modificación entre la reunión y el envío del proyecto. El 21,1% informado por Presidencia sería la inflación promedio anual, mientras que el 18% incluido en el Presupuesto corresponde a la variación punta a punta, es decir, la comparación entre diciembre de 2027 y diciembre de 2026. 

Técnicamente, ambas cifras pueden convivir. La inflación promedio compara el nivel medio de precios de todo 2027 contra el promedio de 2026 y queda afectada por el arrastre que deja el año anterior. La punta a punta mide exclusivamente cuánto aumentaron los precios entre los dos diciembres. Por eso, la diferencia entre 21,1% y 18% no demuestra por sí misma una corrección. 

La discusión es si detrás de esos números compatibles hubo, además, una negociación para recalibrar el escenario antes de cerrar el proyecto. 

No es una discusión menor. La inflación que se coloca en el Presupuesto es uno de los engranajes que determinan cuánto vale realmente el gasto autorizado por el Congreso. Si los precios terminan creciendo por encima de lo previsto, las partidas que no tienen actualización automática pierden poder de compra. La recaudación acompaña con mayor velocidad el aumento nominal de la economía mientras una parte del gasto queda clavada en pesos. Esa diferencia puede convertirse en una vía de licuación y facilitar el resultado fiscal. 

El mecanismo no funciona igual para todo el presupuesto. Jubilaciones y otras prestaciones cuentan con fórmulas de movilidad. En cambio, las transferencias discrecionales y numerosas partidas de funcionamiento e inversión tienen mucha menos protección frente a una inflación superior a la presupuestada. Cuanto más baja sea la inflación utilizada para proyectarlas, mayor puede ser el ajuste real si el IPC finalmente corre por encima de ese supuesto. 

Pero hay un dato todavía más incómodo para el relato libertario. Tanto el 21,1% promedio informado después de la mesa política como el 18% punta a punta del proyecto muestran que la desinflación está bastante más lejos de lo que el Gobierno había dibujado originalmente. Para este año había presupuestado una inflación del 10%. El nuevo escenario obliga a convivir con números considerablemente superiores. 

Esa dosis de realismo no apareció en el vacío. El FMI viene reclamando una calibración más realista de los supuestos macroeconómicos y fiscales, especialmente después de que las proyecciones oficiales quedaran desbordadas por la dinámica efectiva de precios, actividad y tipo de cambio. En el mercado interpretan que el Gobierno necesitaba presentar un Presupuesto menos voluntarista para que las cuentas fiscales fueran creíbles. 

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