El argumento oficial: proteger las cuentas del Estado

En los fundamentos de la resolución, la Tesorería General advierte que los fondos públicos bonaerenses forman parte de un sistema centralizado de administración financiera, conocido como Sistema de Cuenta Única del Tesoro (SCUT).

Según explica el organismo, la afectación directa de las cuentas que integran ese sistema, como consecuencia de medidas judiciales, podría comprometer el funcionamiento de la planificación financiera y la continuidad de la gestión estatal.

Por ese motivo, las autoridades consideran necesario establecer un mecanismo que permita canalizar los embargos mediante una cuenta específica, sin que las órdenes judiciales interfieran directamente con el circuito habitual de administración de los recursos públicos.

La resolución sostiene que esta modalidad permitirá fortalecer la registración, trazabilidad y control de las medidas judiciales, al tiempo que preservará la previsibilidad financiera del Estado.

Sin embargo, el nuevo sistema plantea interrogantes sobre su funcionamiento práctico.

¿Qué ocurrirá cuando un acreedor obtenga una orden judicial de embargo contra una cuenta provincial diferente de la recientemente creada? ¿Cómo se garantizará la disponibilidad de fondos para ejecutar la medida? ¿Podrá la centralización administrativa introducir nuevas instancias que afecten los tiempos de cobro?

La resolución no desarrolla todos estos aspectos operativos, cuya implementación quedará bajo la órbita de la propia Tesorería General y de las entidades financieras que actúan como agentes del Estado.

Una ley que permite postergar el cumplimiento de sentencias

La decisión del gobierno bonaerense cobra mayor relevancia cuando se examina el marco normativo sobre el cual se sustenta. Entre las disposiciones mencionadas en la resolución aparece la Ley provincial 15.394, correspondiente al presupuesto bonaerense de 2023, cuyo artículo 70 estableció reglas particulares para el cumplimiento de sentencias judiciales contra el Estado provincial, los municipios y los organismos descentralizados.

La norma contempla, como regla general, un plazo de 60 días hábiles judiciales para cumplir las sentencias condenatorias, con modalidades de cómputo específicas según la naturaleza de cada obligación.

En el caso de las condenas dinerarias, por ejemplo, el plazo comienza a correr cuando queda firme la resolución que aprueba la liquidación correspondiente.

Sin embargo, el aspecto más relevante aparece en el inciso sexto del artículo, que habilita un procedimiento especial cuando una sentencia pueda comprometer la estabilidad presupuestaria del Estado.

En esas circunstancias, la legislación permite abrir un incidente de evaluación de impacto financiero, con efecto suspensivo de la ejecución, destinado a analizar las consecuencias económicas del fallo.

La nueva resolución no crea esas facultades ni modifica formalmente los plazos establecidos por la legislación. Sin embargo, incorpora un sistema centralizado de administración de los embargos dentro de un régimen que reconoce prerrogativas especiales al Estado frente a sus acreedores.

Los antecedentes judiciales: cuando los tribunales cuestionaron las demoras

La aplicación de estas disposiciones no ha estado exenta de controversias. Uno de los antecedentes más ilustrativos se produjo en marzo de 2024, cuando la Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata intervino en una causa de desalojo que involucraba a la Provincia.

En el expediente número 135984, los jueces Andrés A. Soto y Laura M. Larumbe analizaron la pretensión de aplicar el plazo de cumplimiento previsto en el artículo 70 de la ley 15.394.

El tribunal consideró que, dadas las circunstancias particulares del caso y el tiempo transcurrido desde el vencimiento del contrato y durante el proceso judicial, invocar nuevamente aquel beneficio constituía un ejercicio abusivo del derecho.

El antecedente resulta especialmente relevante porque demuestra que los tribunales pueden controlar la razonabilidad de las demoras invocadas por la administración provincial.

¿Qué ocurrirá con las sentencias expresadas en dólares?

Otro de los puntos relevantes de la resolución aparece en el tratamiento de las obligaciones judiciales denominadas en moneda extranjera.

El artículo quinto establece que, cuando las medidas de embargo estén expresadas en dólares u otras divisas, su cumplimiento se instrumentará mediante el equivalente en pesos, utilizando la cuenta especial del Banco Provincia.

La disposición aclara que deberán respetarse los parámetros establecidos en la correspondiente orden judicial y que la conversión no podrá alterar la naturaleza ni el alcance de la obligación reconocida por la Justicia.

Sin embargo, el procedimiento también plantea cuestiones que podrían adquirir importancia en los litigios relacionados con obligaciones dolarizadas.

Entre ellas aparecen la determinación del tipo de cambio aplicable, la fecha que deberá considerarse para efectuar la conversión y el tratamiento de eventuales diferencias derivadas de las fluctuaciones cambiarias.

Mientras tanto, la decisión del gobierno de Axel Kicillof deja planteada una pregunta central: ¿cómo garantizar que la protección de las finanzas públicas no termine debilitando, en la práctica, el derecho de los ciudadanos a ejecutar las sentencias que obtienen contra el propio Estado?