Política
La Justicia cuestionó el cobro de la tasa vial sin acreditar el mantenimiento de los caminos rurales
Un fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Pergamino ordenó al municipio de Colón reparar los accesos a un establecimiento rural. El caso reabre el debate sobre la obligación de los municipios de garantizar los servicios por los que cobran y el impacto del deterioro vial en la producción agropecuaria.
16 de Noviembre de 2026 | Primera Plana
La Justicia volvió a poner en discusión el cobro de las tasas por conservación de caminos rurales en los municipios bonaerenses. En un fallo sobre un establecimiento del partido de Colón, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Pergamino ordenó reparar los caminos de acceso y garantizar su mantenimiento periódico.
La causa se había iniciado en 2017 y tuvo como eje las dificultades de circulación hacia el establecimiento La Querencia. Según lo expuesto en el expediente, se detectaron caminos deprimidos, problemas de drenaje y falta de condiciones adecuadas para el tránsito. Además, no se habría acreditado la prestación efectiva del servicio de conservación, reparación y mejorado, pese al pago de la tasa.
La resolución estableció un plazo de 60 días para ejecutar las reparaciones y mantener los caminos con una periodicidad razonable.
El caso trasciende a Colón y alcanza a otros distritos bonaerenses, entre ellos Pergamino, Junín, Rojas, Tandil, Azul y Balcarce, donde los productores abonan tributos destinados al mantenimiento de la red vial rural.
El planteo de fondo es claro: los municipios tienen facultades para cobrar, pero también la obligación de demostrar que prestan el servicio que justifica ese ingreso.
El deterioro de los caminos genera consecuencias económicas directas: aumenta el desgaste de los vehículos, encarece los fletes, dificulta el traslado de insumos y puede provocar demoras en la salida de la producción.
La discusión también tiene una dimensión social, porque por esos caminos circulan trabajadores, familias, docentes y servicios de emergencia.
El fallo deja un mensaje para las administraciones municipales: el cobro de una tasa debe estar respaldado por una prestación efectiva y verificable. La obligación de pagar no puede convertirse en una carga adicional para productores que, además de tributar, deben afrontar los costos del abandono de los caminos.
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