Con estado parlamentario desde el 25 de septiembre de 2024, el proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de gestión, aplicación y uso de fitosanitarios en la producción agropecuaria y agroindustrial presentado por la diputada radical y productora rural de la provincia de Buenos Aires, Silvina Vaccarezza, encendió las alarmas de todas las organizaciones ambientales y asambleas de vecinos al autorizar las fumigaciones con agrotóxicos a tan solo diez metros de los centros poblados, escuelas rurales, áreas protegidas, reservas naturales, cursos y espejos de agua.
Toda aplicación de fitosanitarios –detalla el proyecto– debe realizarse a “diez metros para el caso de aplicaciones terrestres y 45 metros para el caso de aplicaciones aéreas contados desde el límite de área o lote hacia la zona productiva” de las definidas como “zonas sensibles”, es decir, las áreas urbanas, centros poblados, grupos de viviendas permanentes y viviendas donde habiten trabajadores rurales y sus familias.
La misma distancia de protección aérea y terrestre aplica para “lotes en los que se encuentran emplazados los establecimientos educativos rurales”; “cuerpos permanentes de agua superficial naturales o artificiales y pozos para extracción de agua potable para consumo humano y sus márgenes” y “las áreas protegidas y los predios con patrimonio cultural e histórico”.
La iniciativa de Vaccarezza, conocidísima productora rural de Alberti, donde además es presidenta del PRO y coordinadora de “Mujeres por el Diálogo”, un espacio político que responde al diputado nacional Emilio Monzó, cuenta con el acompañamiento de diputados de los distintos bloques de la oposición, entre ellos, la presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios, Sabrina Sabat (Unión Renovación y Fe); Luciano Bugallo (Coalición Cívica); Diego Garciarena (UCR + Cambio Federal); Paula Bustos (PRO) y Viviana Dirolli (Acuerdo Cívico UCR – GEN).
“El proyecto de la diputada terrateniente Vaccarezza es un copy – paste de los lineamientos de las cámaras empresariales del agronegocio, al establecer distancias burdas de resguardo que desconocen la información científica que se viene aportando desde las universidades públicas y grupos de investigación independientes del CONICET a través de centenares de publicaciones desde hace más de una década”, se queja el abogado y referente de Naturaleza de Derechos, Fernando Cabaleiro.
La propuesta de la diputada radical provocó el repudio de las asambleas y vecinos de los pueblos fumigados, las principales víctimas de un modelo de producción basado en el uso de plaguicidas y pesticidas en cantidades industriales.
“La ley propone distancias absurdas. En el juicio de Pergamino logramos demostrar con pericias y estudios que fumigar con agroquímicos a menos de mil metros provoca el aumento de daño genético, no lo digo yo, lo dicen los médicos, las investigaciones científicas y los análisis que le hicieron a mi familia, principalmente los de mis hijos. No me la contaron, vi los resultados con mis propios ojos”, se escandaliza Sabrina Ortiz, a quien el contacto con los venenos usados en el campo le provocaron la pérdida de un embarazo de cinco meses y dos accidentes cerebrovasculares, además de vivir, al igual que sus dos hijos, con glifosato en los cuerpos.
Para Erika Gebel, vecina fumigada de La Matanza, el proyecto de Vaccarezza “es un despropósito” y justifica: “En La Matanza logramos los 1000 metros dando el debate cara a cara en la justicia y en el Concejo Deliberante con los resultados de mis hijos con glifosato en el cuerpo y el daño genético comprobado porque nos fumigaban, justamente, a la distancia que la señora diputada propone”.
La organización de las asambleas y los vecinos, remarca Gebel, es la única posibilidad de “frenar la viveza de esta diputada que viene con el cuentito de las Buenas Prácticas Agrícolas como si fueran espejitos de colores para justificar las fumigaciones de venenos a metros de las casas, sin importarles la salud de la gente y de los chicos que siempre son los más afectados. Solo piensan en sus ganancias”.
Para continuar con el coro de indignaciones, Gabriel Arisnabarreta de Ecos de Saladillo, opina que con este proyecto “se sigue ignorando el avance del conocimiento y los datos que van surgiendo en los distintos estudios que se han hecho en los pueblos”, y destaca el ejemplo de su ciudad, donde el estudio de orina determinó que “el 20 % de los participantes tenía presencia de glifosato y/o su metabolito AMPA”.
“En los pueblos –concluye Arisnabarreta– siguen aumentando los casos de cáncer y otras enfermedades que hace 35 años no había, precisamente cuando la agricultura de nuestro pueblo no estaba atravesada por el agronegocio”.
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