El Tribunal Oral Criminal N° 5 del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar a un habeas corpus colectivo que presentó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Lo hizo para reclamar el cese del agravamiento de las condiciones de detención de las mujeres alojadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de este distrito.
“Había veinte mujeres que permanecían hacinadas en una celda con capacidad para sólo ocho personas”, contó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM. Siguió relatando que las allí cautivas “estaban sin recibir visitas, tampoco las dejaban hacer llamadas telefónicas frecuentes y no tenían atención médica adecuada pese a que muchas lo necesitaban seriamente a los profesionales de la salud”.
“Encontramos a una mujer con VIH, otra con epilepsia y cuadros de convulsiones, estaban detenidas allí totalmente desprotegidas”, aseguró el secretario ejecutivo. Celebró que el TOC Nº5 reconoció -la semana pasada- gran parte “de todo lo que denunciamos, ordenó la reubicación de las mujeres en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y prohibió nuevos ingresos a esa comisaría”.
“Las mujeres se encontraban en condiciones inhumanas, el hacinamiento extremo se podía ver con claridad, eran veinte y llegaron a compartir una celda que sólo tenía ocho camas”, enumeró el abogado del organismo. También detalló que en ese lugar “se turnaban para dormir y algunas lo hacían en el piso con frazadas”.
Cabe destacar que hubo reiteradas prohibiciones de alojamiento “de personas enfermas en comisarías, muchas de ellas fueron emitidas por la Corte de Justicia de la Nación y otras por la Suprema Corte provincial”, dijo el letrado a este diario. Pero apuntó que “el gobierno provincial no cumple con estas órdenes y los organismos judiciales tampoco”.
“En el momento que descubrimos esto, tres semanas antes de la presentación del habeas corpus, las detenidas no recibían la visita presencial de sus familiares”, señaló el secretario ejecutivo. También contó que sólo “les permitían acercarse a la dependencia policial para dejar alimentos, productos de higiene, porque la policía les daba poca comida fría y no tenían en qué calentarla”.
“Sólo podían usar el teléfono una vez por semana y durante pocos minutos, de este modo dañaron la comunicación de las detenidas con sus familiares”, remarcó el abogado. Además el lugar no tenía plan o protocolo “de seguridad y evacuación para casos de siniestros, por lo cual podría haber ocurrido un incendio como ya ha pasado en otras comisarias”.
La situación que describió representaba un enorme riesgo “para la integridad física y mental de las mujeres alojadas en esa comisaría”, remarcó el letrado en relación a la precariedad institucional. Por lo cual “exigimos que la terrible situación sea subsanada con extrema urgencia para garantizar los derechos de las allí cautivas”, subrayó.
Por todo lo expuesto y las condiciones inhumanas de detención de las mujeres alojadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Isidro, “pedimos el cierre inmediato de este lugar inhumano, también solicitamos que no se permita el ingreso de nuevas personas en ese precario lugar, exigimos que sean trasladadas a dispositivos de encierro habilitados y dignos para el desarrollo de la vida humana que estén cerca a los domicilios de sus familiares”, repasó el secretario ejecutivo.
Según los datos de la Comisión Provincial por la Memoria, del total de personas detenidas en comisarías bonaerenses, el 49 % permanecen en comisarías que fueron clausuradas por orden judicial o alguna resolución administrativa. Son lugares inhabitables que vulneran todos los derechos de las personas que se encuentran en situación de encierro.
Además, en los 1.264 cupos informados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se alojaban hasta el mes de junio de este año, 3.858 personas, lo que implica un 198 % de sobrepoblación. Todas estas personas en situación de hacinamiento extremo y en condiciones inhumanas como las confirmadas en esta comisaría de San Isidro.
Cabe destacar que el fallo fue emitido por el Tribunal Oral Criminal 5 de San Isidro que está integrado por los jueces Pablo Adrián Rolón, María Angélica Sayago del Castillo y Marcela López Ramos. La decisión que tomaron fue resuelta favorablemente en la mayor parte del petitorio que hizo el organismo provincial interviniente.
“Porque la resolución de los magistrados reconoce la vulneración de derechos y la urgencia que existía de garantizar cupos para el alojamiento digno de personas detenidas”, resaltó el secretario ejecutivo. Continuó señalando que el mismo escrito también “obliga al Estado provincial a que asegure el goce de los derechos de las personas detenidas en todas las comisarías del territorio bonaerense”.
“En primer lugar el Tribunal dispuso el traslado -en carácter urgente- de las dos mujeres con enfermedades crónicas que estaban en esa dependencia”, dijo el letrado. Fueron alojadas en la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense “en dispositivos que cuentan con la infraestructura necesaria para atender sus patologías médicas”, finalizó.
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