En un nuevo enfrentamiento entre el gobierno nacional de Javier Milei y los intendentes de la provincia de Buenos Aires, durante esta jornada quedó en vigencia una normativa que complica a las arcas municipales en los distritos bonaerenses, con la aplicación de la prohibición de incluir tasas en facturas de servicios públicos de luz, agua o gas.
Los intendentes bonaerenses, mayoritariamente de Unión por la Patria en el Conurbano bonaerense, sostienen que se trata de una iniciativa para “ahogar financieramente” a los municipios, en medio de un feroz recorte que el gobierno nacional realizó sobre las provincias durante este año.
Esta medida impacta especialmente en el Conurbano bonaerense y no tanto en el interior. Quienes quedaron por fuera de esta normativa que impulsó nación fueron las prestadoras y cooperativas, quienes si podrán cobrar esas tasas en las facturas de servicios públicos.
Se espera que en el 2025 los territorios pierdan alrededor de cinco mil millones de dólares, de acuerdo a la ley de Presupuesto que debe debatirse en el Congreso nacional y que ya cuenta con el respaldo del PRO y La Libertad Avanza tras una reunión entre dirigentes del oficialismo y el partido amarillo.
Sin embargo, son cinco los distritos bonaerenses que ganaron la batalla judicial y quedaron exentos de esta normativa. El primero de ellos es Pilar, ya que el distrito comandado por Federico Achaval tiene una medida cautelar favorable que impide la prohibición de esta normativa, lo que implica que el municipio podrá cobrar tasas municipales en las facturas de servicios.
Otros distritos del Conurbano bonaerense que se encuentran a la espera de una definición judicial son Moreno, comandado por Mariel Fernández, Tigre (Julio Zamora) y Escobar, que tiene a Ariel Sujarchuk como intendente.
Por fuera de la provincia, La Rioja capital también realizó una presentación judicial con características similares y se encuentra a la espera de una resolución por parte de la justicia provincial.
Sin embargo, hay un quinto distrito de la provincia que obtuvo el visto bueno de la justicia en esta disputa con el gobierno nacional y se trata de Quilmes. El municipio comandado por la intendenta Mayra Mendoza logró la suspensión de la medida impuesta por el gobierno nacional tras el fallo del magistrado Luís Armella.
De acuerdo al fallo que firmó el magistrado, la medida del gobierno nacional no deberá aplicarse en Quilmes, lo que se trata de un buen beneficio para los vecinos del distrito. La resolución fue adoptada por la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, y ya se encuentra vigente.
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